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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Villarejo seguirá en prisión tras amenazar con destapar información sensible

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Villarejo y a su socio, el abogado andorrano Rafael Redondo, al considerar que, tras más de 6 meses en prisión preventiva, sigue existiendo riesgo de fuga.

De Egea abrió la puerta a una posible excarcelación de Villarejo a la luz de «los informes médicos obrantes en autos», después de que el comisario jubilado tuviera que ser hospitalizado de urgencia hace unas semanas por la reacción a un medicamento.
Pero, tras tomar declaración la semana pasada al comisario y a su socio, ha decidido mantenerles en la prisión de Estremera (Madrid), donde llevan encarcelados desde el pasado 5 de noviembre, por el riesgo de que puedan huir del país y eludir la Justicia, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.
Durante su declaración ante el juez, Villarejo advirtió a De Egea del peligro que supone su detención porque podría sacar a la luz información comprometedora para el Estado.
Villarejo y Redondo son los dos únicos investigados en esta causa que permanecen en prisión después de que el pasado 6 de marzo quedara en libertad el excomisario de Barajas Carlos Salamanca.
Entre las prácticas que se atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.
La causa sobre Villarejo está dividida en una pieza principal y en otras dos separadas. En la principal se investiga, además de estas entradas ilegales, el conocido como «informe King», un trabajo que elaboró Villarejo por encargo de un alto cargo de Guinea Ecuatorial.
En una de las separadas se investiga por cohecho al excomisario de Barajas Carlos Salamanca por recibir dádivas a cambio de permitir la entrada ilegal de ciudadanos guineanos en España, mientras que la otra es sobre presuntas conductas delictivas de Villarejo al ejecutar un trabajo que le encargó el despacho Herrero y Asociados para investigar a otra firma de abogados.

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