El juez que investiga los preparativos del referéndum anunciado para el 1-O ha mostrado este miércoles su apoyo a la labor de la Guardia Civil en esta causa, al resaltar que le han comunicado previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su función de Policía judicial.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha salido al paso de las críticas por la actuación del Instituto Armado en este procedimiento y ha avalado su labor.
El magistrado encargó el pasado 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de Policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que entre otros aspectos señalaba que el Gobierno catalán tenía una partida «camuflada» de 400 millones de euros para el referéndum separatista y las estructuras de Estado.
En su investigación, abierta por los delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición, el juez investiga por el momento, además de a Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalidad, Lluís Salvadó, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrogó la semana pasada como testigos a varios altos cargos del Gobierno regional, a dos de los cuales -el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet- se les comunicó a media comparecencia que pasaban a tener la condición policial de investigados, ante los indicios de que sus respuestas les podían incriminar.
A raíz de estos interrogatorios, la Generalidad ha interpuesto ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado estas diligencias, ante lo que entienden una «grave vulneración de derechos fundamentales».
Según fuentes consultadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha mostrado su apoyo a la actuación de la Guardia Civil al remarcar que siempre ha tenido conocimiento previo de las diligencias que iban a llevar a cabo.
Además, el juez también ha resaltado que la Guardia Civil, a quien le encargó en marzo pasado la labor de Policía judicial en esta causa, ha actuado siempre en este procedimiento con un escrupuloso cumplimiento de las funciones recogidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La investigación policial de este caso se lanzó de forma coordinada con la Fiscalía Superior de Cataluña, que recientemente había abierto unas diligencias sobre los preparativos del referéndum centrada en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el exterior que había encargado a la Guardia Civil y que, ahora, también tiene en sus manos el Juzgado de Instrucción número 13.
En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un referéndum separatista, lo que incluye la financiación y gestión de la web de Pacto Nacional por el Derecho a Decidir -plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades secesionistas que recoge apoyos a favor de una consulta- o la web garanties.cat, donde el Gobierno catalán pretende dar a conocer los detalles del 1-O.
También investiga el juez el coste y organización del acto organizado por JxS en el Teatro Nacional de Cataluya (TNC) el pasado 4 de julio para presentar los preparativos del 1-O, donde el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.
Paralelamente a la investigación del juez de instrucción, el TSJC tiene abierta una causa contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso -después declarado desierto- que convocó para la compra de urnas.
Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigación por los preparativos del 1-O, lo más probable es que el Alto Tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.
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