Junts per Catalunya buscará bloquear los Presupuestos Generales del Estado así como las numerosas leyes que propongan Sumar y el PSOE durante lo que resta de legislatura. A pesar de ello, la legislatura seguirá adelante de forma limitada, con la esperanza de que el Ejecutivo siga ayudando a Junts a través de instituciones como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional para asegurar la implementación de la ley de amnistía, una prioridad vital para Carles Puigdemont.
El principal interés de Junts está en garantizar la amnistía, que afecta a unos 300 independentistas, incluidos los líderes de 2017, como el propio Puigdemont. Desde su exilio, su margen de maniobra se ha reducido drásticamente, y su presencia en eventos internacionales, incluso en Francia, se ha visto comprometida. Aunque Junts votará en contra de muchas de las iniciativas legislativas del Gobierno, no permitirán que el Ejecutivo caiga, ya que temen que un gobierno del PP con VOX sepulte cualquier avance en esta ley inconstitucional.
Además, Junts buscará oportunidades de negociación en temas de los que puedan beneficiase políticamente, como la inmigración, un área que han priorizado para recuperar votos perdidos en favor de la derecha independentista de Alianza Catalana. Jordi Turull, secretario general de Junts, ya había mencionado que Cataluña debía gestionar competencias en materia de inmigración, pero no se han visto avances en este sentido.
Por otro lado, la victoria de Salvador Illa como presidente de la Generalidad ha caído mal en Waterloo, donde consideran que el PSOE ha traicionado a Puigdemont. En respuesta, Junts intentará dificultar las negociaciones en temas cruciales para el Gobierno, dilatando acuerdos como ya hicieron con la ley de amnistía. Esto también incluye su oposición a la reforma del sistema de financiación autonómica, que el PSOE ha negociado exclusivamente con ERC.
