Koldo García sigue moviendo sus fichas en el escándalo de corrupción que salpica directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. El exasesor ministerial conserva material oculto, fuera del alcance de la Guardia Civil, con el que marca su estrategia de defensa y que amenaza con comprometer no sólo a su antiguo jefe, José Luis Ábalos, sino también a la propia Moncloa.
Según confirma La Razón, Koldo dispone de audios y documentos sensibles que afectan a altos cargos y que podrían tener graves implicaciones en el caso. De momento, guarda silencio. De hecho, intentó pactar con Ábalos una estrategia común antes de la declaración judicial de este lunes, proponiendo a su exjefe acudir ante el magistrado Leopoldo Puente sin responder a las preguntas, con el objetivo de ganar tiempo y permitir que primero compareciera Santos Cerdán. Sin embargo, Ábalos acabó rompiendo ese plan y declaró ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción.
Aún así, el exministro negó su implicación en todos los puntos que se le imputan: negó haber participado en la elaboración de la nota sobre el rescate de Air Europa, rechazó haber recibido mordidas de los contratos bajo sospecha y no reconoció los audios que lo incriminan directamente. En un primer momento, incluso alegó que no se encontraba en condiciones de declarar por la presión mediática que sufre.
En paralelo, Ábalos continúa explorando la posibilidad de alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, tal como ya intentó en días previos, siguiendo la senda de la confesión iniciada por Víctor de Aldama en noviembre. Incluso, en declaraciones públicas, el exministro deslizó que fue «utilizado» por Santos Cerdán y por el propio Koldo.
Sobre los audios que lo comprometen, Ábalos defendió que no se reconoce en esas grabaciones ni en los contratos adjudicados a las empresas investigadas, Levantina, Acciona y OPR. También eludió pronunciarse sobre el disco duro que intentó ocultar durante el registro de su domicilio, donde se almacenan mensajes comprometidos con otros dirigentes socialistas, incluido el presidente Pedro Sánchez.
Mientras tanto, Koldo sigue tratando de recuperar los discos duros desde los que se extrajeron los ocho audios clave en la investigación. Aunque oficialmente afirma que contienen material personal previo a 2021, las pesquisas apuntan a que encierran información relevante que se remonta al inicio del mandato de Sánchez en 2018. Por el momento, Koldo no está dispuesto a entregar ese material, manteniendo así su posición de fuerza dentro del proceso.
En los días previos a su citación, intentó hasta en tres ocasiones suspender su declaración, alegando primero problemas de agenda de su abogado, luego el cambio de defensa y finalmente la necesidad de disponer del material incautado. Sin embargo, el juez rechazó todas las maniobras dilatorias y le advirtió incluso de posibles medidas de naturaleza personal si no comparecía. Finalmente, Koldo acudió al Supremo, pero optó por guardar silencio, asesorado por su nueva abogada, Leticia de la Hoz, tras abandonar a su anterior letrado que se mostró dispuesto a abrir la vía de la confesión.
El magistrado refuerza los indicios de criminalidad en este caso, señalando que las grabaciones de Koldo son «muy expresivas y elocuentes» y apuntando al presunto reparto de comisiones en contratos de obra pública. Sin embargo, rechazó imponer prisión provisional para los implicados al no concurrir riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
El juez también puso el foco sobre los beneficios personales que pudo haber obtenido Ábalos a través de Víctor de Aldama, vinculados al alquiler de la vivienda de su pareja durante la pandemia, a un piso en el Paseo de la Castellana y a una villa en Marbella donde veraneó en 2020 tras desbloquear el rescate de Air Europa.
Ahora, la investigación centra la atención en los próximos investigados, especialmente en la declaración de Santos Cerdán, que sí está dispuesto a contestar al juez tras conseguir retrasar su comparecencia cinco días. A diferencia de Ábalos, Cerdán afrontará el interrogatorio ya como investigado formalmente por organización criminal y cohecho tras renunciar a su escaño.
Mientras tanto, la UCO continúa abriendo nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más imputaciones y que mantienen el foco judicial sobre el entorno de Moncloa.
