La Abogacía del Estado se ha mostrado en desacuerdo con que el Tribunal Supremo examine la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la DANA, tras la denuncia presentada por la asociación Liberum. Según los servicios jurídicos del Estado, no hay evidencias de la «inactividad» que la asociación ha señalado, ya que se subraya que el Gobierno «ha activado un importante despliegue de recursos y medidas en la zona afectada».
En su escrito, la Abogacía destaca que, aunque la gravedad de la situación es incuestionable, «se están realizando numerosas actuaciones en la zona«, lo que invalida la acusación de falta de acción por parte del Ejecutivo. Se resalta que, a fecha del 19 de noviembre, se habían desplegado más de 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, junto a recursos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como medios de otros países y de comunidades autónomas.
Liberum solicitó que, como medida cautelar, se adoptaran urgentes acciones de emergencia, tales como garantizar el acceso a servicios básicos, eliminar el agua estancada, distribuir agua potable y desinfectar las áreas afectadas. Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado argumentan que muchas de estas medidas ya estaban en proceso, por lo que consideran innecesarias las peticiones formuladas por la asociación. En este sentido, la Abogacía subraya que la asociación no ha aportado pruebas suficientes que justifiquen la necesidad de adoptar medidas adicionales.
La Abogacía del Estado también resalta el despliegue de recursos humanos y materiales en las zonas afectadas por las inundaciones. Según la información proporcionada, hasta mediados de noviembre, se habían activado 8.079 efectivos de las fuerzas armadas, 1.965 de la Guardia Civil, más de 4.000 agentes de la Policía Nacional, así como 533 policías locales. A ello se suman los medios de apoyo internacionales, como los proporcionados por la Unión Europea y Marruecos, lo que demuestra «un compromiso coordinado en la respuesta a la emergencia«.
Otro punto clave en la defensa de la Abogacía es el paquete de ayudas económicas aprobado por el Gobierno. El 5 de noviembre, el Consejo de Ministros declaró las zonas afectadas como «gravemente afectadas por una emergencia de protección civil», lo que permitió la activación de ayudas económicas directas. Estas incluyen compensaciones de hasta 18.000 euros en caso de muerte o incapacidad, así como ayudas para la reconstrucción de viviendas y la reposición de enseres.
La Abogacía también hace mención de los dos reales decretos leyes adoptados por el Gobierno, que han incrementado el importe de las ayudas. Estas medidas, según la Abogacía, evidencian el esfuerzo del Ejecutivo por paliar los efectos de la catástrofe y asegurar el acceso a los servicios básicos.
En un escrito aparte, la Fiscalía también ha mostrado su oposición a las medidas solicitadas por Liberum, argumentando que las razones que justificarían una intervención judicial ya han desaparecido, dado que las acciones del Gobierno están en marcha y las medidas de emergencia ya se están ejecutando en la zona.
En resumen, la Abogacía del Estado considera que no procede la adopción de medidas cautelares ni la investigación por parte del Tribunal Supremo, ya que el Gobierno ha desplegado «una respuesta adecuada y eficiente ante la emergencia provocada por la DANA».
