El juez Juan Carlos Peinado ha tomado este viernes declaración a Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia, en relación con la investigación sobre la cátedra en Transformación Social Competitiva que gestionaba Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Álvarez, considerada una persona de confianza en La Moncloa, aseguró que su labor desde su nombramiento en julio de 2018 consiste en gestionar la agenda y coordinar las actividades de Gómez, asegurando un entorno «seguro, eficiente y discreto, las 24 horas del día».
La citación de Álvarez se produjo después de que el juez encontrara su nombre en varios correos electrónicos intercambiados entre Gómez y la Universidad Complutense, relacionados con la financiación de la polémica cátedra. En algunos de estos correos, Álvarez utilizó su correo corporativo de Presidencia del Gobierno. Uno de los mensajes clave, enviado a la empresa aseguradora Reale, que había decidido retirar su apoyo económico, contenía una petición en nombre de Gómez: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis».
Durante su comparecencia, Álvarez defendió su actuación argumentando que lo hizo como «un favor a una amiga», refiriéndose a Gómez. «Begoña me pidió el favor, y como amiga, se lo hice. Esta parte fue algo puntual, no es mi trabajo habitual», explicó la asesora, cuya declaración se prolongó durante aproximadamente media hora.
Las organizaciones Iustitia Europa, Hazte Oír y VOX, que ejercen la acusación en este caso, han señalado la posible irregularidad en el uso de recursos públicos para actividades privadas relacionadas con la cátedra. Según los correos examinados, la gestión de la financiación de la cátedra y las relaciones con los patrocinadores habrían implicado a personal vinculado a Presidencia.
La investigación sobre la cátedra en Transformación Social Competitiva se centra en determinar si hubo irregularidades en su gestión y financiación. Este caso ha generado controversia al cuestionar el uso de recursos institucionales para favorecer proyectos personales de figuras cercanas al presidente del Gobierno. Mientras tanto, el entorno de Gómez insiste en que todas las gestiones se realizaron conforme a la normativa vigente.
La declaración de Álvarez marca un nuevo capítulo en esta investigación, que busca aclarar el papel de Begoña Gómez y su entorno institucional en la gestión de la cátedra, y si esta implicación podría haber traspasado los límites de lo permitido por la ley.
