La contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha destapado posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Según su declaración ante el juez el pasado 20 de diciembre, Álvarez confirmó que su labor incluía atender tanto los asuntos oficiales como los privados de Gómez, contradiciendo la postura oficial de Presidencia del Gobierno, que siempre negó estas prácticas.
Uno de los puntos clave del caso son los correos electrónicos enviados desde una cuenta institucional de Presidencia (@presidencia.gob.es) en los que Álvarez gestionó temas relacionados con la cátedra extraordinaria y los másteres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dirigidos por Gómez. Estos mensajes, adelantados por El Debate, evidencian que los recursos públicos se utilizaron para promover iniciativas privadas y buscar financiación, como en el caso de la aseguradora Reale, a la que se contactó para continuar patrocinando dicha cátedra.
La Presidencia del Gobierno negó oficialmente, a través de varios documentos públicos, que Gómez utilizara recursos institucionales para fines personales. En un informe firmado por la Directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, el 16 de julio, se aseguró que los únicos gastos asumidos por el Ejecutivo eran los relacionados con su seguridad. Sin embargo, Álvarez afirmó en el tribunal que fue contratada por petición directa de Gómez para gestionar su agenda completa, incluyendo tareas de carácter privado y lucrativo.
La contratación de Álvarez, quien conocía a Gómez desde hacía tiempo, fue formalizada en su rol de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, un puesto financiado con fondos públicos. Según la asistente, su labor también incluyó la organización de reuniones para Gómez, como un encuentro con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el empresario Carlos Barrabés, ambos relacionados con los proyectos académicos de la esposa del presidente.
El juez, tras analizar los documentos y testimonios, preguntó directamente a Álvarez sobre los correos electrónicos que constan en el sumario. La asistente explicó que gestionó los contactos a petición de Gómez, justificándolo como un «favor» personal. Este dato contradice nuevamente la postura oficial de Presidencia, que asegura que «no tiene funciones vinculadas a la agenda de la cónyuge del Jefe del Ejecutivo, salvo las relacionadas con su seguridad.»
Según expertos jurídicos, esta situación podría implicar posibles delitos de falsedad en documento público y prevaricación, dada la aparente contradicción entre los hechos constatados y las afirmaciones de Presidencia. Este caso continúa generando controversia sobre el uso de recursos públicos y el alcance de las funciones atribuidas al entorno familiar del presidente del Gobierno.
