La asociación Bancal de Rosas, que recaudó 128.908 euros, logró la resolución favorable del Registro de Asociaciones el mismo día en el que formalizó su disolución. Esta entidad sin ánimo de lucro, creada para respaldar la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, comenzó a recaudar fondos en febrero de ese año, pero no fue hasta el 31 de marzo cuando obtuvo luz verde oficial por parte de la Administración para su inscripción como asociación legalmente constituida, según ha adelantado The Obejctive.
Este detalle fue uno de los más llamativos durante la investigación parlamentaria sobre la financiación de partidos políticos. El 9 de marzo de 2018, en una sesión de la comisión del Senado dedicada a este tema, comparecieron tanto el presidente de Bancal de Rosas, Fran Martín —hoy delegado del Gobierno en Madrid y antiguo secretario general de la Presidencia— como su tesorero, Pedro Luis Egea. Ambos defendieron la legalidad de la iniciativa, aunque admitieron que aprovecharon una zona gris en la legislación sobre financiación política.
Durante su intervención, Egea explicó que la captación de dinero se realizó mediante crowdfunding, que describió como un método “transparente y abierto” de donación. A su juicio, este tipo de recaudación permite a los ciudadanos colaborar mediante tarjetas bancarias o transferencias, y siempre con un fin previamente informado. Martín, por su parte, reconoció que este procedimiento no figura de manera explícita en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, pero insistió en que “no está prohibido”, calificándolo como “una laguna normativa, no una infracción”.
El debate en el Senado se intensificó cuando el entonces senador del Partido Popular, Luis Aznar, recordó que el presidente del Tribunal de Cuentas había declarado que el crowdfunding no se ajustaba a la ley vigente. Aznar cuestionó la legalidad del proceso, subrayando que la recaudación de fondos comenzó antes de que la asociación estuviera registrada formalmente, lo que dejaba al descubierto una incongruencia temporal difícil de justificar.
Martín alegó que la asociación fue constituida conforme a la normativa sobre derecho de asociación, con acta fundacional y estatutos incluidos. Insistió en que la inscripción registral, aunque tardía, se realizó según los procedimientos establecidos y con todas las garantías legales para terceros. Según la legislación española, esa inscripción tiene un efecto constitutivo clave para asegurar la validez de la asociación ante la administración y el público.
La cifra recaudada por Bancal de Rosas —apenas 3.000 euros menos de lo que Pedro Sánchez declaró haber gastado en su campaña interna— ha cobrado un nuevo sentido a la luz de los recientes escándalos de corrupción que afectan a su entorno. Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, quienes lo acompañaron durante aquel proceso, se encuentran actualmente bajo la lupa judicial por supuestas mordidas vinculadas a contratos públicos.
Durante la misma comisión, los comparecientes reconocieron que la gestora provisional del PSOE, liderada por Javier Fernández en aquel momento, intervino para poner orden en la financiación de los distintos candidatos. Acordaron que, a partir del 1 de abril de 2017, toda recaudación debía canalizarse a través de cuentas oficiales del partido, garantizando así igualdad de condiciones entre los aspirantes. Martín resumió el acuerdo como una medida de uniformidad, no como una rectificación legal: “No fue para legalizar lo anterior, sino para que todos actuaran igual desde una fecha concreta”.
En retrospectiva, el caso de Bancal de Rosas revela cómo una estructura efímera y ambigua pudo movilizar una cantidad importante de recursos para una campaña interna del PSOE, sin apenas dejar huella institucional salvo una inscripción coincidente con su disolución. La falta de controles sobre las microdonaciones, sumada a la escasa fiscalización de entidades satélite como esta, alimenta hoy el debate sobre la transparencia real en la financiación de la política en España.
