La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado la actuación de la juez Beatriz de Biedma en la investigación que implica a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El tribunal ha desestimado los recursos presentados contra la intervención de correos electrónicos de casi una decena de empleados de la Diputación de Badajoz. Este procedimiento forma parte de una investigación que involucra, entre otras acusaciones, el posible delito de tráfico de influencias relacionado con la obtención del puesto de trabajo de David Sánchez como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en dicha Diputación.
En un auto al que ha tenido acceso el diario ABC, los magistrados concluyen que se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para la adopción de esta medida. Señalan que, como es habitual en este tipo de investigaciones, puede haber cierta indeterminación inicial sobre los elementos del delito, pero aclaran que eso no convierte la investigación en una operación prospectiva, justificando así la intervención.
La medida fue adoptada por la juez tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no encontró irregularidades en los pliegos de contratación de David Sánchez. No obstante, la UCO indicó que podrían haberse realizado «actos preparatorios» para asegurarle el puesto, lo que no quedaría reflejado en la fase administrativa oficial.
Como parte de la investigación, la UCO accedió a los correos electrónicos enviados y recibidos por siete empleados de la Diputación, entre ellos el presidente de la institución, Miguel Gallardo, y el propio David Sánchez. Sin embargo, solo Gallardo presentó recurso dentro del plazo establecido, mientras que el recurso de Sánchez fue desestimado por haberse presentado fuera de tiempo. La Audiencia Provincial se ha pronunciado ahora en respuesta a las alegaciones del presidente de la Diputación y del responsable de asuntos jurídicos, también investigado en la causa.
Ambos argumentaron que la juez había basado su decisión en una «máxima de experiencia» de la Guardia Civil, sin indicios concretos que la justificaran. También criticaron el alcance de la medida, que abarcaba todos los correos desde 2016, lo que podría afectar los derechos de terceras personas que no tenían relación con la investigación. Sin embargo, los magistrados rechazaron sus argumentos uno por uno, concluyendo que las decisiones de la juez estaban suficientemente motivadas y eran conformes a la ley.
El auto emitido por la Audiencia de Badajoz destaca que la resolución del 9 de julio contiene una motivación clara y justificada para la injerencia en los derechos fundamentales alegados en los recursos, reafirmando así la validez de la medida adoptada por la juez Beatriz de Biedma.
