El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado abrir causa penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de una querella presentada contra el expresidente del Gobierno por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación con su supuesta «colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro».
El magistrado Antonio Piña señala en el auto que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», si bien precisa que en este momento no están completamente determinadas la naturaleza ni las circunstancias concretas de los mismos.
Por este motivo, el juez considera «procedente» la incoación de diligencias previas, así como la práctica de aquellas actuaciones que resulten esenciales para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, el procedimiento judicial aplicable. La resolución subraya la necesidad de realizar una investigación inicial que permita concretar el alcance de las imputaciones formuladas en la querella.
De forma paralela, el magistrado ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal para que emita un informe en el que se pronuncie sobre la competencia de este órgano judicial para llevar a cabo la investigación y sobre la procedencia de continuar con las diligencias abiertas.
La querella sostiene que el expresidente pudo incurrir en conductas tipificadas en el Código Penal, entre ellas tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, como consecuencia de su presunta colaboración con la dictadura venezolana.
La actuación de Zapatero habría ido «más allá de una mediación política o diplomática, contribuyendo supuestamente al fortalecimiento de la estructura internacional del régimen chavista y facilitando su capacidad de actuación exterior», según la querella.
La decisión judicial abre así un nuevo procedimiento que afecta a un expresidente del Gobierno, a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional y sobre la viabilidad de las diligencias acordadas.
