La Audiencia Nacional avanza con la investigación del conocido como ‘caso Plus Ultra‘, una causa de gran complejidad que examina el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. El magistrado José Luis Calama mantiene bajo secreto las actuaciones mientras se analiza una gran cantidad de documentación incautada, con la intención de decidir en las próximas semanas si existen indicios suficientes para ampliar responsabilidades, entre ellas la posible implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El procedimiento avanzado por Vozpópuli dio un salto cualitativo a comienzos de marzo, cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid elevó el asunto a la Audiencia Nacional al considerar que la investigación había adquirido una dimensión mayor, especialmente por la posible existencia de conexiones internacionales y estructuras societarias complejas. Desde entonces, el foco se ha centrado en un entramado que, según fuentes judiciales, podría incluir delitos como blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal o apropiación indebida.
Uno de los ejes clave del caso es la relación entre Zapatero y algunos de los principales investigados. Las pesquisas han puesto bajo la lupa los vínculos del exlíder socialista con el empresario Julio Martínez, con quien mantuvo una relación profesional durante años. A través de la sociedad Análisis Relevante, el expresidente habría percibido ingresos por labores de asesoramiento que él mismo situó en torno a 70.000 euros brutos anuales. Los investigadores tratan de esclarecer si estos pagos podrían estar conectados con el rescate público de la aerolínea, incluyendo la hipótesis de que una parte de esos fondos —en torno al 1%— pudiera haber llegado indirectamente a su entorno.
En sede parlamentaria, Zapatero reconoció su relación con dicha empresa, aunque rechazó cualquier irregularidad en sus actividades. Asimismo, admitió que la agencia vinculada a sus hijas participó en trabajos de comunicación para esa misma sociedad, lo que también forma parte del análisis de los investigadores.
El avance de la causa ha estado marcado por diversas actuaciones judiciales. En diciembre fueron detenidos varios responsables de la compañía, entre ellos su presidente y su consejero delegado, además de otros empresarios relacionados. En total, la investigación alcanza ya a una docena de personas. Sin embargo, en los últimos meses se han suavizado algunas medidas cautelares: el juez ha retirado recientemente la prohibición de salir del país a uno de los principales implicados al considerar que ya no existe riesgo de fuga, pese a que mantiene indicios de responsabilidad penal.
Otro de los aspectos que se examinan es un posible aviso previo a los investigados antes de las detenciones. Los investigadores sospechan que pudo haberse producido una filtración tras un encuentro en El Pardo, lo que habría permitido eliminar mensajes y correos electrónicos antes de los registros policiales.
Paralelamente, la investigación no se limita a España. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han solicitado colaboración a Estados Unidos para rastrear posibles operaciones vinculadas al entorno del expresidente en relación con el régimen venezolano. Las sospechas apuntan a un posible incremento patrimonial derivado de actividades de intermediación o lobby internacional, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses manejan información relevante sobre redes financieras asociadas al chavismo.
En este ámbito, ha cobrado especial importancia el testimonio de Hugo «El Pollo» Carvajal, antiguo responsable de inteligencia militar venezolana, actualmente encarcelado en Nueva York. Sus declaraciones forman parte de otras investigaciones abiertas en territorio estadounidense y podrían aportar elementos adicionales para esclarecer posibles conexiones internacionales del caso.
Mientras tanto, el juez continúa revisando la abundante documentación recabada —incluidas transferencias al extranjero, uso de sociedades interpuestas y operaciones financieras complejas— antes de decidir los siguientes pasos procesales. El levantamiento del secreto de sumario, previsto para antes del verano, marcará un punto de inflexión en una investigación que sigue creciendo en alcance y repercusión política.
