La Audiencia Nacional ha rechazado deportar a Marruecos a un ciudadano marroquí condenado en España por pilotar una patera en la que fallecieron 16 personas tras pasar dos semanas a la deriva en el Atlántico. El tribunal entiende que los hechos por los que Rabat solicita su entrega ya han sido juzgados en territorio español y que el acusado se encuentra cumpliendo pena por ellos.
El hombre fue sentenciado en 2022 por la Audiencia de Las Palmas a un total de nueve años de prisión. La condena se desglosa en cinco años por facilitar la inmigración ilegal y otros cuatro por 16 homicidios imprudentes, al considerársele responsable de la embarcación que zarpó en octubre de 2020 desde la ciudad sahariana de Dajla con rumbo a Canarias. Durante catorce días la patera quedó perdida en el océano sin agua suficiente, una situación que terminó provocando la muerte por sed de varios ocupantes.
Las autoridades marroquíes, a través de la Fiscalía General del país, habían reclamado su extradición después de que el hermano de una de las víctimas presentara una denuncia. En su petición, Rabat atribuía al acusado delitos que, de acuerdo con la legislación española, se corresponderían con pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y homicidio.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admite que la solicitud marroquí encaja dentro del convenio bilateral de extradición vigente entre ambos países y que no hay indicios de que la reclamación responda a motivos políticos, religiosos o raciales. Sin embargo, recuerda que la normativa internacional impide entregar a una persona cuando ya ha sido juzgada y condenada por los mismos hechos en el país requerido.
Por ese motivo, los magistrados concluyen que no procede enviar al condenado a Marruecos, dado que ya está cumpliendo pena en España por la tragedia ocurrida en aquella travesía.
El caso vuelve a poner de relieve las graves consecuencias de las rutas migratorias ilegales hacia Canarias y también las carencias en la gestión del fenómeno por parte de España. Mientras continúan saliendo embarcaciones precarias desde la costa africana, muchas de ellas bajo el control de redes de tráfico de personas, las tragedias en alta mar siguen repitiéndose y los procedimientos judiciales acaban resolviéndose años después, cuando el drama humano ya se ha consumado.