Un estudio de la Fundación Artemisan en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la firma Deloitte ha revelado que la actividad cinegética (caza) no solo es clave para el equilibrio ecológico, sino que también representa un pilar económico de gran relevancia en España, especialmente en áreas rurales donde constituye una fuente de empleo estable y una vía esencial de ingresos.
El informe subraya que la caza inyecta cada año 10.190 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional y mantiene cerca de 199.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 45.000 son empleos directos. Esta dinámica laboral se concentra principalmente en el medio rural, donde la caza a menudo es la única actividad económica viable, apoyando sectores como el turismo, la hostelería o el comercio local.
En términos fiscales, los beneficios también son significativos. Sólo en 2023, la actividad cinegética generó 1.200 millones de euros en impuestos para las arcas del Estado. Esta cifra contrasta con los 82,4 millones de euros recaudados en taquilla por el cine español durante ese mismo año, según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Incluso considerando el impacto laboral indirecto y el IVA asociado, la industria cinematográfica no alcanza la contribución tributaria del sector cinegético.
Un panorama similar se observa en el ámbito musical. De acuerdo con cifras de Promusicae, los ingresos del mercado de la música grabada en 2023 se situaron en torno a los 520 millones de euros, lo que sigue dejando a la caza en una posición mucho más ventajosa en términos de aportación económica al Estado.
El informe también detalla el papel de los titulares de cotos de caza como verdaderos motores de inversión en el territorio. Durante 2023, estos actores destinaron más de 216 millones de euros a diversas actuaciones, entre las que destacan los 74,9 millones empleados en la alimentación de fauna silvestre. A esto se suman 43,4 millones invertidos en infraestructuras como cortafuegos, caminos y torretas, y otros 17,8 millones dedicados a la gestión de puntos de agua. Asimismo, realizaron labores forestales por valor de 72,4 millones y trabajos de señalización con un coste de 7,4 millones.
Por su parte, los organizadores de cacerías también realizaron aportaciones relevantes en la protección del entorno natural. Su inversión total alcanzó los 72,6 millones de euros, principalmente orientados a la alimentación de especies (29,2 millones), acondicionamiento de infraestructuras (16,6 millones), gestión hídrica (9,2 millones) y señalización (casi 3 millones).
El informe también destaca los ingresos directos que reciben los distintos agentes del sector. Los organizadores de cacerías, por ejemplo, obtienen una media de 359.000 euros anuales, mientras que las empresas dedicadas a la comercialización de carne de caza facturan más de 129 millones de euros al año. Estos datos reflejan una red económica consolidada, con beneficios tangibles para múltiples actores implicados.
