«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Consideran que su designación supone una grave interferencia en las funciones del banco central

La Comisión Europea investiga una denuncia presentada contra el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá - Europa Press

La Comisión Europea ha comenzado a investigar una denuncia relacionada con el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo Gobernador del Banco de España, tras haber sido propuesto para el cargo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Escrivá, quien ejerció como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre 2020 y 2023, y más tarde como responsable de la Transformación Digital y de la Función Pública hasta septiembre de 2023, fue designado para dirigir la entidad bancaria tras finalizar su mandato ministerial.

La querella presentada por la organización Hazte Oír considera que la designación de un exministro para encabezar el Banco de España supone una grave interferencia del Gobierno en las funciones del banco central. Según el escrito de la asociación, «colocar a una persona tan cercana al Ejecutivo en la dirección de esta institución denota una clara intención de influir en la toma de decisiones del Banco de España, lo que comprometería su autonomía y su capacidad de actuar con criterios de imparcialidad, rigor y eficiencia».

El documento de nueve páginas, al que ha tenido acceso el diario Libertad Digital, expone que la Comisión Europea evaluará la denuncia de acuerdo con la normativa vigente en la Unión Europea. Los servicios competentes de la Comisión han señalado que «tras analizar los hechos y teniendo en cuenta las prioridades establecidas para el inicio de procedimientos de infracción, se decidirá si la denuncia procede y si es necesario emprender acciones formales».

Si la Comisión concluye que se ha producido una violación del derecho comunitario, podría iniciar un procedimiento de infracción enviando un escrito de requerimiento al Estado miembro implicado. Este escrito sería una solicitud para que el gobierno implicado presente sus observaciones. Dependiendo de la respuesta, o en caso de no recibir ninguna, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado, en el que se exigiría al Estado miembro que ajuste su actuación a la normativa de la Unión Europea en un plazo determinado.

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