La Comisión Europea ha instado a España y otros siete países a implementar de inmediato la Directiva revisada sobre peajes y viñetas, cuyo plazo para ser adaptada a la legislación nacional vencía el 25 de marzo de 2024. Junto a España, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal aún no han comunicado las medidas necesarias, lo que podría derivar en acciones legales si no responden en los próximos dos meses.
La normativa permite a los Estados miembros recuperar los costes de construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras viales mediante peajes y tasas de usuario, ampliando su aplicación a turismos, autobuses, autocares y pequeños vehículos pesados. Además, exige que las tarifas incluyan los costes ambientales de la contaminación atmosférica, con el objetivo de fomentar vehículos menos contaminantes y reducir las emisiones de CO2.
Si los países afectados no toman las medidas necesarias en el plazo establecido, la Comisión Europea podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La amenaza de sanciones y la presión de Bruselas refuerzan la urgencia de aplicar una normativa que también busca incentivar la sostenibilidad y el transporte limpio.
En España, la reforma ha sido objeto de controversia, ya que está vinculada a los objetivos del Plan de Recuperación. Bruselas ha dejado claro que el acceso a los fondos europeos depende de la implementación de estas medidas, un recordatorio de la relevancia de cumplir con los compromisos adquiridos dentro de la Unión.
Con este ultimátum, el Gobierno español deberá actuar con rapidez para evitar consecuencias legales y cumplir con una normativa que pretende modernizar el sistema de tarifas viales en toda Europa, ajustándose a los retos climáticos y económicos actuales.
Promesa de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó en el debate previo a las elecciones del 23J que se fuesen a cobrar peajes en las autovías españolas en los próximos años y lo calificó de «bulos» expandidos por el PP y VOX. Además defendió que durante la pasada legislatura su Gobierno retiró el pago en 1.000 kilómetros de carretera.
