La Comisión Europea ha recordado al Gobierno español su obligación de supervisar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril y «adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los viajeros». De no hacerlo, el Gobierno de Ursula von der Leyen se reserva la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra España.
Así lo subraya el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en sendas comunicaciones remitidas a principios de agosto a representantes españoles en Bruselas. En ellas, insiste en que disponer de una red ferroviaria segura y operativa es un objetivo estratégico para «avanzar hacia sociedades sostenibles e inclusivas», y recalca que la responsabilidad primaria recae sobre los Estados miembros y, en este caso, sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El contexto de esta advertencia llega en un momento de creciente malestar ciudadano: las interrupciones del servicio ferroviario son constantes, ya sea por incendios cercanos a las vías, averías en las catenarias, robos de cableado o fallos mecánicos en locomotoras. Este verano, la línea de alta velocidad que une Madrid con Galicia estuvo interrumpida durante casi una semana, desde el 14 hasta el 20 de julio, debido a la proximidad de las llamas en varios tramos.
La normativa comunitaria es clara. Obliga a las compañías a ofrecer asistencia básica a los pasajeros en caso de incidencias —como bebidas y comida—, así como transporte alternativo en los supuestos de interrupciones prolongadas. Sin embargo, en los últimos meses se han multiplicado los testimonios de viajeros que denuncian no haber recibido ni compensaciones ni medios de traslado, pese a haber quedado varados durante horas o incluso días.
En su respuesta, Tzitzikostas explica que corresponde a los organismos nacionales de ejecución «supervisar de cerca el cumplimiento del Reglamento» y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario. La Comisión, añade, se limita a comprobar de forma general si los Estados aplican correctamente las normas de la Unión, y puede abrir un procedimiento formal de infracción cuando detecte que no es así.
El comisario también recuerda que los administradores de infraestructuras —en este caso, Adif— deben contar con los recursos y conocimientos necesarios para restablecer el servicio con rapidez, siguiendo los marcos legales nacionales y europeos. El hecho de que parte de la red esté financiada con fondos comunitarios refuerza, además, la obligación de garantizar una gestión adecuada.
La advertencia de Bruselas no descarta pasos más contundentes en el futuro si los problemas persisten. Por ahora, el mensaje es que España debe tomar la iniciativa para mejorar la fiabilidad del transporte ferroviario y salvaguardar los derechos de los usuarios.
