La Universidad Complutense de Madrid ha solicitado al juez del caso Begoña Gómez que indague en un contrato público adjudicado directamente a la consultora Deloitte por la esposa de Pedro Sánchez en 2023. El servicio fue otorgado por un valor de 14.999 euros más IVA, solo un euro por debajo del umbral legal que habría obligado a Begoña Gómez a abrir un concurso de licitación a otros proveedores y estar sujeto a controles más rigurosos.
La adjudicación a Deloitte, descubierta por la Universidad, estaría relacionada con los trabajos de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software de sostenibilidad para la propia Complutense. Sin embargo, como reveló el diario El Confidencial, Begoña Gómez registró la plataforma a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas y ofrece la aplicación a través de una sociedad mercantil, Transforma TSC SL, de la cual es administradora única y propietaria del 100% de las acciones.
Según un escrito enviado por la Complutense al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encargado de las diligencias sobre las actividades de Begoña Gómez, el contrato con Deloitte tenía como objetivo la prestación de un supuesto «servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva», y la propia pareja del presidente del Gobierno se encargó de firmar la factura de «conformidad», aceptando así la ejecución del servicio.
Con el IVA, el precio del contrato ascendió a 18.148,79 euros, pero el límite para los contratos menores de 15.000 euros de la Ley de Contratos de Sector Público no considera los impuestos. Esta práctica ha sido denunciada por los organismos de supervisión del gasto público, ya que evadir el límite por un euro evidencia una arbitrariedad en la fijación del precio y dificulta la fiscalización de los procesos, fomentando la discrecionalidad en la elección de los proveedores.
El pasado 10 de junio, la universidad contactó a la Escuela de Gobierno, de la cual depende la Cátedra de Begoña Gómez, para requerir «todos los detalles relacionados con el contrato menor». Sin embargo, la Escuela de Gobierno respondió que no había recibido «el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato» y consideró que estos debían estar en poder «de la Dirección de la propia Cátedra», es decir, de la esposa del secretario general del PSOE.
La Complutense decidió entonces solicitar a Begoña Gómez los documentos o archivos que demostraran que el servicio concedido a Deloitte efectivamente se había prestado. La directora del Máster en Transformación Social Competitiva contestó el 12 de junio con un simple acuse de recibo: «Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones».
Sin embargo, la universidad destaca en su escrito que la esposa de Sánchez no llegó a proporcionar ninguna prueba. El 24 de junio se convocó la comisión de control de la Cátedra. En el orden del día se incluía el análisis de la documentación pendiente de entrega, pero Begoña Gómez solicitó el aplazamiento de la reunión al 4 de julio siguiente aduciendo «motivos personales». Ese día tampoco compareció.
En el escrito, la Complutense advierte al juez Juan Carlos Peinado de que no dispone de los medios necesarios para avanzar más en su investigación interna y solicita que le permita personarse como perjudicada al considerar que Begoña Gómez pudo causar un perjuicio a su patrimonio al registrar a su nombre un software que era propiedad exclusiva de la institución. Según la Universidad, los hechos podrían constituir un posible delito de apropiación indebida.
