La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido una ley para abolir la prostitución en España. Sin embargo, su departamento ha financiado actividades e informes que abogan por la regulación del trabajo sexual y el reconocimiento de derechos laborales y sociales para quienes lo ejercen. Desde el propio Ministerio de Igualdad, así como desde el de Asuntos Sociales y Agenda 2030, se han sufragado diversas iniciativas como el informe Las prostitutas hablan de violencia, el estudio Prostitución en contextos digitales y jornadas públicas bajo el título Hablan las prostitutas, organizadas por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).
Según ha desvelado VozPopúli, una de las participantes en las jornadas organizadas en abril en la Universidad de Almería, Anabel A., relató cómo entró en el trabajo sexual a los 40 años para saldar una deuda de 20.000 euros. «No romantizo la prostitución, la queremos ver como algo normal», afirmó. El evento, celebrado pese a la oposición de 80 colectivos feministas, contó con el respaldo oficial del Gobierno de España, a través del logotipo y los sellos del Ministerio de Igualdad y su Secretaría de Estado.
De cara al próximo septiembre, Ana Redondo ha prometido presentar un proyecto de ley que prohíba de forma expresa la prostitución, siguiendo el modelo sueco. Para ello, podrá apoyarse en documentos como el ‘policy-paper’ del Centre for Women, Peace and Security de la London School of Economics, o en la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023, que obligó a los clubes de alterne a dar de alta a las trabajadoras en la Seguridad Social.
