Carles Puigdemont y su estrategia de presionar al Gobierno mediante una propuesta para debatir una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados podrían complicar el calendario político en España. Aunque esta iniciativa no tiene recorrido real, ya que la potestad para plantearla recae exclusivamente en el presidente del Gobierno, el mero hecho de abrir el debate retrasará la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, que ahora se prevé que no se aprueben antes de mediados de abril, justo antes de la Semana Santa.
La relevancia de este retraso se extiende a Cataluña, donde Salvador Illa dependerá de la aprobación de los presupuestos estatales para sacar adelante las cuentas de la Generalidad. El PSC en el Parlamento confirma que el calendario de Illa está atado al de Madrid, haciendo evidente la conexión entre ambas administraciones.
Puigdemont tiene una relación peculiar con las cuestiones de confianza. En 2016, siendo presidente, utilizó esta herramienta con éxito gracias al apoyo de la CUP, consolidando su estrategia hacia el proceso separatista. Sin embargo, en los últimos años, Junts ha llevado este mecanismo al extremo, usándolo incluso en circunstancias poco convencionales. Un ejemplo fue la exigencia de una cuestión de confianza a Pere Aragonès, cuando ambos partidos eran socios en el Gobierno. Este movimiento desencadenó una cadena de acontecimientos: el cese de Jordi Puigneró, la ruptura de la coalición y, finalmente, la caída del propio Aragonès y la convocatoria de elecciones.
En Moncloa, aunque no hay intención de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, sí estarían dispuestos a permitir que el Congreso debata sobre la propuesta como gesto hacia Junts, un socio clave pero cada vez más insatisfecho por la falta de resultados tangibles. Este simbolismo político es importante para Puigdemont, que sigue manejando los tiempos desde Bruselas y utilizando estas iniciativas para mantener la presión sobre sus aliados y rivales.
A pesar de todo, el margen de maniobra del independentismo está condicionado por el fallo pendiente del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Hasta que esta resolución no llegue, previsiblemente en octubre, Puigdemont y otros líderes independentistas no podrán retomar plenamente su actividad política. Este escenario proporciona a Pedro Sánchez un respiro político, ya que, hasta entonces, los incentivos para que el separatismo apoye los presupuestos superan a los de bloquearlos.
El contexto actual recuerda los movimientos de Junts cuando, a través de la cuestión de confianza a Aragonès, buscaron distanciarse de un proyecto que consideraban en declive. Los resultados electorales posteriores validaron la estrategia de Puigdemont, y ahora el partido podría estar evaluando un enfoque similar. Sin embargo, todo dependerá de los avances en la amnistía, un elemento que determinará las prioridades políticas de Junts en los próximos meses.
