La Diputación de Álava ha detectado hasta 31 casos de inmigrantes ilegales que se hacían pasar por menores de edad para aprovecharse de la asistencia social reservada a adolescentes sin referentes familiares. En los últimos cinco años, estos fraudes se han descubierto mediante pruebas médicas destinadas a verificar la edad real de los recién llegados, en su mayoría procedentes de África.
Según los datos adelantados por El Correo, entre 2020 y 2024 se realizaron 71 estudios forenses en Álava a jóvenes que aseguraban tener menos de 18 años. De esas pruebas, 33 confirmaron que realmente eran menores, mientras que 31 resultaron ser mayores de edad. En cinco casos, los procedimientos siguen en curso y tres fueron archivados sin resultado concluyente.
Estas pruebas sólo se aplican a quienes no presentan documentación oficial que acredite su edad. Los análisis suelen incluir radiografías de la muñeca izquierda, revisiones dentales centradas en las muelas del juicio o evaluaciones del grado de osificación de la clavícula, de acuerdo con las directrices recogidas en el protocolo marco del Ministerio de Asuntos Exteriores de 2014 sobre menores extranjeros no acompañados (conocidos popularmente como «menas»).
El fraude no es exclusivo de un país, aunque destaca la presencia de ciudadanos gambianos entre los casos detectados: 18 de los jóvenes que mintieron sobre su edad procedían de Gambia, trece de los cuales llegaron sólo en 2023. También se registraron seis casos de origen marroquí, cinco de Pakistán, uno de Argelia y otro de Nigeria. Gambia, un país con una economía basada casi exclusivamente en la agricultura y la ganadería, ocupa el puesto 174 de 193 en el índice de desarrollo humano de la ONU.
A pesar de que estos inmigrantes no pueden ser acogidos en los programas diseñados para menores, como el plan «Bideberria», que busca su integración y capacitación para el mercado laboral, la Diputación se encarga de atenderlos. Desde el área foral de Políticas Sociales, dirigida por Gorka Urtaran, se asegura que se elaboran planes de salida de los recursos de protección y se coordinan actuaciones con los servicios municipales para derivarlos a centros destinados a mayores de edad.
Mientras tanto, la presión sobre los recursos forales no deja de crecer. Sólo en 2024, el programa «Bideberria» atendió a 175 menores no acompañados, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior. El módulo destinado a la acogida inicial se encuentra actualmente desbordado, y en territorios vecinos como Vizcaya se ha tenido que declarar una «situación de excepcionalidad» ante la saturación de los centros de acogida.
