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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La disputa por el pazo de Meirás entre los Franco y el gobierno llega a los tribunales

La Abogacía del Estado ha presentado en los juzgados de A Coruña una demanda contra los herederos de Franco por la propiedad del pazo coruñés de Meirás, una decisión con la que pone fin a las peticiones que desde Galicia se han hecho en los últimos años para que este inmueble vuelva a ser de dominio público.

«Actuaron contra derecho», ha asegurado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en televisión, y por ello se exigirá a la familia Franco la devolución del pazo.

En su escrito de demanda, interpuesto esta mañana en el juzgado de Instancia número 1 de A Coruña, el Gobierno sostiene que la compra del pazo de Meirás por parte del dictador en 1941 fue «simulada» y «fraudulenta».

Argumenta que un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado de la zona sublevada, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la «Junta pro Pazo del Caudillo» por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.

Se trata de una escritura anterior a la que tres años después, en 1941 y acabada la guerra, firmó Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una segunda compraventa ficticia que, según la Abogacía del Estado, permitió al dictador la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

«Tenemos datos suficientes para que vuelva a ser lo que siempre fue, que es patrimonio del Estado», ha dicho sobre el pazo el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha subrayado este jueves el compromiso del Ejecutivo con la memoria histórica.

Esta demanda responde a la resolución de julio de 2018 aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, en la que se insta al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público.

También la Diputación de A Coruña encargó un informe jurídico sobre la titularidad del pazo que, ha destacado, «ha marcado el camino» para poder recuperar este bien al patrimonio público.

El Ayuntamiento de Sada, municipio coruñés en el que se ubica el inmueble, ha anunciado en esta misma jornada que se incorporará al proceso civil contra la familia Franco, una decisión que ha invitado a adoptar también a la Xunta de Galicia personándose en la causa.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado dudas acerca de la posibilidad de sumarse a esta iniciativa legal, como le ha pedido también el grupo parlamentario de En Marea, si bien ha expresado su satisfacción por la presentación de la demanda contra la familia Franco por la Abogacía del Estado.

«Seguimos pensando que hay causa para reclamar» que el pazo sea de propiedad pública, ha subrayado Feijóo.

Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha felicitado «por fin» esta demanda, ya que el informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galicia «desmontan» la teoría de la familia Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador.

«Ya estamos hartos de los Franco en Meirás. No son bienvenidos. Que se vayan para no volver, y si vuelven que sea pagándose su hotel», ha manifestado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha ido más allá y además de recuperar el Pazo de Meirás, espera que el Gobierno termine con el «expolio» que la familia del dictador llevó a cabo y que se recupere el resto de ese patrimonio, como documentos que conserva la Fundación Francisco Franco en su archivo, tapices, cuadros o muebles.

Asimismo, la Xunta sopesa personarse en el proceso, según fuentes del gobierno gallego, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado en Twitter su satisfacción por que el planteamiento de la Abogacía del Estado «concuerde con los criterios jurídicos de la Xunta y con la voluntad unánime expresada en el Parlamento de Galicia».

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