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La amnistía choca con las leyes europeas en materia de malversación

La doctrina de la UE sobre la malversación amenaza la aplicación de la amnistía a los golpistas

La doctrina de la UE sobre la malversación amenaza la aplicación de la amnistía a los golpistas
El fiscal general Álvaro García Ortiz. Europa Press.

Con la amnistía ya aprobada este jueves en el Congreso, ahora los jueces podrían tener algo que decir. Vozpópuli ha accedido al informe enviado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por los cuatro fiscales que acusaron de rebelión el 1O. En él, es reflejan sus objeciones al perdón de determinados delitos. Estos fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo respondieron al fiscal general minutos después de la aprobación de la amnistía, manifestando su oposición a aplicar esta medida de gracia en relación con el delito de malversación.

Por tanto, ahora la Justicia española evaluará la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para satisfacer a sus socios de Junts y ERC. Pero las ambigüedades del texto podrían comprometer su implementación, especialmente en lo referente a los delitos de malversación y terrorismo, tal y como informa el mismo medio.

Fuentes fiscales consultadas por periódico, advierten que la malversación es un delito altamente protegido por la Unión Europea. El texto final de la amnistía entra en conflicto con la directiva comunitaria en esta área. El artículo segundo establece que quedan excluidos los delitos «que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea».

En este contexto, los gastos incurridos por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y su equipo en la consulta ilegal del 1-O enfrentan serios obstáculos para ser amnistiados. Especialmente si se considera que afectaron los intereses de la UE. La Directiva 2017/137 establece que la protección de los intereses financieros de la UE no se limita a la gestión de créditos presupuestarios.

El punto noveno de esta directiva establece que los intereses financieros de la UE pueden verse comprometidos. Se refiere a «conductas de funcionarios públicos encargados de la gestión de fondos». Por lo tanto, se pide que la definición de funcionario público incluya a personas que, sin ostentar un cargo oficial, han asumido funciones de servicio público.

Las modificaciones a la ley de amnistía, derivadas de la imputación de Puigdemont por terrorismo, revelan deficiencias. El texto final especifica que solo los actos de malversación relacionados con el referéndum ilegal pueden acogerse a la amnistía.

Los gastos desviados por Puigdemont y Junqueras para el 1-O, motivaron la apertura de una causa en el Tribunal de Cuentas, pero no se consideran partidas comunitarias. Esto permite amnistiar todos los pagos destinados a la «preparación, realización y consecuencias» de la consulta del 9-N.

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