España, la nación histórica más antigua de Europa, está dispuesta a frenar y a vencer -aun con complejos y debilidades- toda insurrección golpista que amenace su integridad nacional.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha reconocido que el proceso separatista «ha terminado» y «ha caducado» y que sus correligionarios le han «sacrificado» como candidato después de que el «plan de Moncloa» haya «triunfado», según unos mensajes de móvil enviados al diputado de ERC Toni Comín, uno de los fugados en Bélgica, poco después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el debate de investidura.
Los mensajes han sido celebrados por el PP, que ve como su estrategia -o falta de estrategia- ha desembocado en el fracaso de Puigdemont. «Todo ha sido gracias a un gobierno que ahora a través del 161, de la misma forma que hizo con el 155, esta combatiendo el independentismo», ha señalado el portavoz de la formación en el Congreso, Rafael Hernando.
Después de permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy aplicó una versión light del artículo 155 de la Constitución una vez consumado el golpe en el Parlament el 27 de ese mismo mes con la Declaración Unilateral de Independencia -que luego el separatismo reconoció que era simbólica y política- y la consecuente salida masiva de empresas y amenaza de quiebra económica.
Lo hizo tras el memorable discurso del Rey Felipe VI el 3 de octubre en el que denunció la «deslealtad inadmisible» de los dirigentes separatistas, a los que acusó de haber «quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho» y de haber «socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla», y dijo que era «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional«. También tras la histórica y luminosa jornada en Barcelona el 8 de octubre, día en el que los españoles silenciados salieron en masa -más de un millón de personas- tras tantas humillaciones y para exigir el fin de la impunidad del delito. «Puigdemont, a prisión», gritaron los asistentes.
El único objetivo de Rajoy, que nunca quiso aplicar el artículo 155 y así lo reconoció en muchas ocasiones, era destituir al Govern insurrecto y convocar inmediatamente elecciones autonómicas. En los comicios del 21 de diciembre, pese a la histórica victoria de Ciudadanos, el separatismo mantuvo la mayoría absoluta -con la CUP, partido que llama a la desobediencia para hacer efectiva la república catalana, como pieza clave para la investidura de un presidente secesionista-. El PP logró apenas cuatro escaños de los 135 que había en juego, su peor resultado histórico.
El Ejecutivo tomó la decisión tras la presión de la calle y una vez que el golpe se hizo insoportable, pero sin la firmeza que requería. Impulsó una versión light del 155, pues no se atrevió por exigencia del PSOE a tocar TV3. Esta decisión fue censurada, entre otros, por el exdirigente socialista Alfonso Guerra. La cadena pública continua siendo hoy un instrumento de propagación de la insurrección y de odio a España. Sin ir más lejos, este jueves en el informativo la dirección de la cadena solo decidió emitir testimonios de ciudadanos que aseguraban que son «un pueblo oprimido» y «sometido por el reino de España».
Tampoco afectó a la educación, que sigue en manos del separatismo. En las últimas semanas, hemos visto a niños pintando lazos amarillos en solidaridad con los exconsejeros golpistas en prisión preventiva y gritando «Llibertat» en patios de colegio. Hasta el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha instado al Ejecutivo a acentuar su actividad inspectora y supervisora en Cataluña dada «la falta de neutralidad y politización por parte de las autoridades públicas».
Cona todo, España ha parado el golpe. Ha provocado la fractura en el separatismo, cuya última evidencia es precisamente la declaración de Puigdemont en la que recuerda las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, en las que avanza que habría que «sacrificarle». Por algo el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, llamó el martes a la unidad y afirmó que no permitirán que haya «enfrentamientos fratricidas».
Además, los procesos judiciales abiertos -que mantienen al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart en prisión preventiva- demuestran que el Estado de Derecho funciona y que España, la nación histórica más antigua de Europa, está dispuesta a frenar y a vencer -aun con complejos y debilidades- toda insurrección golpista que amenace su integridad nacional.
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