Las memorias del Ministerio Fiscal del año 2024 han denunciado que la ONG Cruz Roja, encargada de interceptar a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias —principalmente a la isla de El Hierro—, podría haber falsificado la edad de estos extranjeros, declarando que eran menores para que ingresaran en centros de acogida de menores migrantes no acompañados (menas).
Entre los meses de agosto y octubre, en la provincia de Tenerife, la identificación de los presuntos menores fue realizada por miembros de la Cruz Roja presentes en el lugar del desembarco de los cayucos. Este procedimiento se basaba exclusivamente en la declaración del inmigrante sobre su edad, sin que se llevaran a cabo evaluaciones complementarias por parte de la policía. Posteriormente, esta información era transmitida a la Fiscalía, que iniciaba el expediente correspondiente en cada caso particular, según ha avanzado el usuario @CanarioToday en X.
La Fiscalía detectó irregularidades en este proceso. Por un lado, se abrían expedientes a menores que, por su apariencia y documentación, eran evidentemente menores de edad. Por otro lado, también se iniciaban trámites para personas que «claramente tenían más de 18 años», quienes incluso reconocían su verdadera edad cuando ya habían sido instalados en centros de menas.
Ante esta situación, la Fiscalía tomó medidas para corregir estas prácticas y garantizar una correcta identificación de los menores.
En cuanto a la documentación presentada para acreditar la edad de los inmigrantes, se destacó que los pasaportes de ciertos países, especialmente de Gambia, presentaban problemas de autenticidad. La Fiscalía de Almería señaló que, aunque se consideraba la fecha de nacimiento indicada en el pasaporte, existían dudas sobre la veracidad de los datos en relación con la apariencia física del supuesto menor. En casos de duda, se consultaba a fiscales especializados en menores para asegurar una valoración adecuada.
Potenciales beneficios económicos para Cruz Roja
Aunque la Cruz Roja es una organización sin ánimo de lucro (ONG), la gestión de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados (menas) implica la recepción de subvenciones y fondos públicos destinados al mantenimiento de estos centros. Cada menor ingresado supone un coste que es cubierto por las administraciones públicas, lo que podría traducirse en financiación adicional para la ONG. Esta financiación está destinada a cubrir gastos de alimentación, alojamiento, educación y asistencia sanitaria de los menores, pero el volumen de recursos asignados puede variar en función del número de menores atendidos.
De hecho, tal y como adelantó LA GACETA, el 92% de los casi 514 millones que recibió en subvenciones en el año 2023 fue destinado a gastos de personal. De esa cantidad, más de cuatro millones fueron a parar a los miembros de la «alta dirección» —un total de 64 personas que ganan más de 60.000 euros al año—. Además, la organización gastó otros 146 millones en servicios exteriores, según los últimos datos revelados por sus propias cuentas. Sólo el 7,5% es personal sanitario.
