La Fiscalía Europea ha imputado a Barrabés y a un directivo de Red.es después de hallar irregularidades en contratos públicos financiados con fondos de la Unión Europea, que fueron respaldados por cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Estas adjudicaciones, otorgadas por la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Hacienda, suman casi 10 millones de euros y habrían estado influidas por valoraciones subjetivas que adquirieron especial peso gracias al aval de Gómez.
Carlos Barrabés, además de empresario beneficiado por estos contratos, forma parte del equipo docente del máster que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Su cercanía profesional con la esposa de Pedro Sánchez y su participación en adjudicaciones ahora bajo sospecha han situado al empresario en el centro de una investigación más amplia impulsada desde Europa.
La Fiscalía Europea asumió esta parte de la causa hace un año, tras solicitar formalmente al juez Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el traslado del expediente relacionado con los fondos europeos. Peinado accedió a la petición en junio de 2024, remitiendo toda la documentación requerida a los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate.
El pasado 30 de mayo, una vez levantado el secreto de sumario, la Fiscalía dictó la orden de citar a ambos investigados. Desde entonces, se han realizado nuevas diligencias dirigidas a depurar posibles responsabilidades penales derivadas del uso irregular de recursos comunitarios. Según ha adelantado El Confidencial, las pesquisas se han centrado en contratos destinados a programas de formación financiados a través del Fondo Social Europeo.
Las sospechas principales giran en torno a los criterios de puntuación utilizados en los concursos de adjudicación, donde los informes subjetivos jugaron un papel determinante. Estas evaluaciones habrían tenido un impacto decisivo gracias al apoyo explícito de Begoña Gómez, que firmó al menos dos cartas de recomendación a favor de Barrabés.
La intervención de la Fiscalía Europea, que ha utilizado su derecho de avocación —como ya hizo en el caso Koldo—, se justifica precisamente por la implicación directa de recursos de la Unión Europea en los hechos investigados. Esta decisión permite a los fiscales europeos asumir competencias que en principio correspondían a la jurisdicción nacional.
Por ahora, no se descarta que la lista de investigados se amplíe conforme avance la instrucción. El caso añade presión sobre el Ejecutivo en un momento político sensible, dado que el nombre de la esposa del presidente aparece vinculado a procedimientos de contratación pública bajo sospecha.
