La Fiscalía ha mantenido en la fase final del juicio a la presidenta de Junts, Laura Borrás, la petición de condenarla a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.
En cambio, en el trámite de conclusiones finales del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las fiscales han rebajado la petición de penas para los otros acusados, Isaías H. y Andreu P., porque han confesado y lo tiene en cuenta como un atenuante por su «importancia en el esclarecimiento de los hechos».
Para Borrás, la Fiscalía también mantiene la petición de multarla con 144.000 euros por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
Isaías H., beneficiario de los contratos, encaró el juicio con una petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 72.000 euros.
Tras un acuerdo de su defensa con la Fiscalía y haber confesado en el juicio, Isaías H. afronta ahora una petición de dos años de prisión, seis años y cuatro meses de inhabilitación y multa de 2.100 euros.
Respecto a Andreu P., las fiscales reclamaban inicialmente una condena de tres años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 30.000 euros.
Después de pactar con Fiscalía y confesar ante el tribunal que ayudó a Isaías H. a preparar presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, Andreu P. afronta ahora una petición de un año y dos meses de prisión, cuatro años y tres meses de inhabilitación y una multa de 2.250 euros.
La defensa de Andreu P., como la de Isaías H., se han mostrado conformes con las nuevas peticiones de condena que ha expuesto la Fiscalía.
Durante su declaración en el juicio, Isaías H. confesó que pactó con Borrás fraccionar su trabajo para la Institución de las Letras Catalanas en varios contratos menores para lo que presentaba un presupuesto acompañado de otros «presupuestos comparsa» que confeccionaba él mismo a nombre de otras empresas o personas sabiendo que serían rechazados.
Isaías H. contó al tribunal que Borrás le daba «instrucciones» para entregar estos presupuestos y le facilitaba datos y posibles nombres que podía utilizar.
Andreu P., por su parte, también reconoció todos los hechos de los que se le acusa, dijo que hacía facturas a su nombre para la Institución y que los presupuestos no siempre eran fieles al trabajo que se encargaba –«algunas cosas se parecían y otras no, algunas eran reales y otras no»– porque eran trabajos ya asignados o hechos.
