La Fiscalía Anticorrupción descarta que exista ningún acuerdo con Jésica Rodríguez García en el marco de la investigación que afecta al exministro José Luis Ábalos, pese a las sospechas surgidas tras el trato procesal que ha recibido la joven. Según fuentes fiscales, no se ha producido ningún acercamiento para pactar y su papel seguirá siendo el de testigo, aunque con consecuencias económicas relevantes a medio plazo.
La polémica se ha intensificado tras conocerse que Jésica no está imputada, a pesar de haber disfrutado presuntamente de una vivienda de lujo pagada por terceros y de haber sido contratada en dos empresas públicas sin acudir a su puesto de trabajo. Esta situación ha alimentado las dudas en el entorno del exministro y ha puesto el foco en la actuación del Ministerio Público.
Sin embargo, la estrategia de la Fiscalía pasa por otro camino, según detalla este jueves The Objective. Anticorrupción contempla reclamarle responsabilidad como partícipe a título lucrativo de un delito de malversación una vez finalice la instrucción que dirige el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Esto implicaría exigirle la devolución del dinero recibido, aunque sin atribuirle participación directa en el delito.
Las cantidades en juego no son menores. Las fuentes consultadas sitúan en unos 44.000 euros el importe correspondiente a los salarios percibidos en Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021. A esa cifra podría sumarse el coste del alquiler de un piso en Plaza de España, sufragado presuntamente por el entorno empresarial vinculado a la trama, que alcanzaría cerca de 90.000 euros durante tres años.
El encaje jurídico se encuentra en el artículo 122 del Código Penal, que obliga a quien se beneficia de un delito sin participar en él a restituir el dinero o compensar el perjuicio causado hasta el límite de su enriquecimiento.
Fuentes del entorno judicial subrayan al citado periódico que el trato procesal responde, en parte, a la colaboración prestada por Jésica. Su testimonio permitió destapar un elemento clave de la investigación: que no acudía a trabajar a las empresas públicas en las que estaba contratada, pese a que auditorías internas y revisiones oficiales habían descartado irregularidades.
Esta confesión contradice la versión sostenida por las defensas de Ábalos y otros implicados, que mantienen que sí desempeñaba sus funciones con normalidad. La documentación incautada por la Guardia Civil refuerza, sin embargo, la tesis de la Fiscalía.
A pesar de esa colaboración, el Ministerio Público no prevé que Jésica quede al margen del procedimiento. La intención es reclamarle el dinero presuntamente obtenido de forma indebida, aunque otras fuentes apuntan que la joven ya habría manifestado su disposición a devolverlo.
El caso sigue avanzando en la Audiencia Nacional, donde se investiga una presunta trama de adjudicación irregular de obra pública y posibles vías de financiación vinculadas al PSOE, con el entorno de Ábalos en el centro de las pesquisas.
