La exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, llevó su obsesión por controlar y vigilar a jueces y fiscales hasta extremos insólitos. Según revelan fuentes conocedoras de las reuniones que mantenía, llegó a grabar en vídeo al juez Santiago Pedraz, instructor de varias macrocausas de fraude de IVA en los hidrocarburos, mientras comía en un restaurante próximo a la Audiencia Nacional.
Pedraz dirige desde el Juzgado de Instrucción número 5 investigaciones como el «caso Gaslow» y otro procedimiento que afecta directamente a los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, este último imputado y encarcelado en su momento tras diligencias de la Guardia Civil.
En este contexto, el interés de Díez y su círculo por los movimientos del magistrado era intenso. La Razón informa de que los «fontaneros» socialistas grabaron a Pedraz durante un almuerzo coincidiendo con fechas próximas a la Semana Santa. En la misma mesa le acompañaba el abogado Gómez Bermúdez, antiguo compañero suyo en la judicatura. A escasa distancia, se encontraban Leire Díez, Javier Pérez Dolset y un empresario con el que mantenían reuniones. Según las mismas fuentes, prometieron al empresario beneficios a cambio de que les facilitara «trapos sucios» de los jueces.
Al detectar la presencia de Pedraz y Gómez Bermúdez, los comensales no dudaron en sacar el móvil y grabar la escena sin ser advertidos. Se desconoce el propósito de la grabación, aunque evidencia la «obsesión» del grupo por recopilar información sobre fiscales, abogados y magistrados.
Más jueces bajo vigilancia
Pedraz no fue el único objetivo de la «fontanera» del PSOE. También intentaron obtener información sobre el juez Juan Carlos Peinado y la magistrada Beatriz Biedma. Precisamente por este último caso, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz abrió diligencias contra Leire Díez por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
El juez instructor considera que los hechos podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, por lo que decidió admitir la primera denuncia formal contra Díez en este asunto.
Mientras tanto, Pedraz ha defendido la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pese a los intentos de los investigados por anular las actuaciones judiciales. Uno de ellos, Juan Sánchez Yepes, acusó a la UCO y a la Fiscalía de manejar de forma arbitraria las investigaciones sobre el fraude de hidrocarburos. Pedraz desestimó estas acusaciones y dejó claro que las pesquisas se desarrollaron «sin viso alguno de ilegalidad o manipulación».
Amenazas y protección policial
En paralelo, Leire Díez denunció haber recibido decenas de amenazas de muerte, motivo por el cual el Ministerio del Interior le proporcionó un teléfono de protección. También acudió a la Policía para denunciar un intento de agresión por parte de Víctor de Aldama, episodio que desembocó en una comparecencia pública del empresario.
Después de unas semanas de fuerte exposición mediática, el caso de la «fontanera» perdió foco, especialmente tras la aparición del llamado «informe Cerdán», que desplazó el interés sobre sus maniobras. Sin embargo, las investigaciones sobre Leire Díez siguen abiertas y con nuevas diligencias en curso.
