El agente cometió el intolerable pecado – en el año 2016 – de reivindicar ante sus superiores su derecho a redactar actas en español.
Con el artículo 155 vigente, el Departamento de Asuntos Internos de los Mossos d´Esquadra ha pergeñado una propuesta de sanción grave – ‘por falta de consideración y respeto’ – a un agente que cometió el intolerable pecado de reivindicar ante sus superiores su derecho a redactar actas en español. Esta decisión lleva aparejada la suspensión de empleo y sueldo durante 16 días.
Tal y como recoge el diario El Mundo, los hechos se remontan al 18 de octubre de 2016, cuando el sargento responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano de Sant Andreu reprendió al agente sancionado por elaborar las actas de denuncia en castellano. El mando le recriminó que estaba incumpliendo las pautas establecidas en el comunicado interno que él mismo había elaborado en noviembre de 2009. El agente se negó a acatar la orden, salió del despacho de su jefe y pidió a tres compañeros que entraran para que fueran testigos de la directriz que se le había impuesto.
En presencia de tres compañeros motejó la prohibición de utilizar el castellano de «arbitraria» en un tono que Asuntos Internos no duda en calificar de «desafiante».
Esta propuesta de sanción se ha emitido en plena vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña; esto es, con los Mossos bajo el mando del Ministerio del Interior y con la Generalitat bajo las órdenes del Gobierno.
El agente en cuestión ha esgrimido en su defensa, ejercida por el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) y sus letrados Javier Aranda y Sandra Melgar, que la orden que recibió era «ilegal e ilegítima». Y que en lugar de reconocerle el logro de haber «sacado a la luz una práctica ilegal por parte de un miembro del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, jugándose su dinero y su trabajo, se le ha obsequiado con un expediente» que tilda abiertamente de «montaje».
La cuestión estriba en que la dirección del Cuerpo estableció que los formularios de las denuncias debían ser redactados íntegramente en catalán. Y que, incluso en los supuestos en los que el denunciante es castellanoparlante, hasta los encabezamientos deben ir en catalán. Este agente planteó que «en la mayoría de los casos los denunciantes se llevan», por citar un ejemplo, «el apartado de derechos en un idioma que no conocen». «Por lo que cuestiones de comprensión básica sobre qué se está haciendo, qué implica esa denuncia y qué puede hacer después el ciudadano se redactan en catalán vetando al ciudadano sus derechos más elementales».
A juicio de este policía, la mencionada orden interna «vulnera diferentes preceptos actualmente vigentes». Por mencionar uno, el artículo 3 de la Constitución española (norma suprema del ordenamiento jurídico), que establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el derecho a usarla». Pero también el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que estipula que «todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales».
