La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión económica del PSOE ha situado en el foco a la actual gerente de la formación, Ana María Fuentes, después de que un juzgado le atribuyera indiciariamente una posible participación en la emisión de facturas supuestamente irregulares vinculadas a pagos efectuados a través de proveedores externos.
Según resoluciones judiciales incorporadas a distintas diligencias en curso, la investigación analiza la utilización de contratos y encargos profesionales que habrían servido para canalizar fondos destinados a actividades ajenas a los fines declarados en la documentación contable. La gerente mantiene su responsabilidad orgánica en el partido mientras continúan las actuaciones judiciales y el PSOE rechaza la existencia de irregularidades.
Según publica El Mundo, la atención de los investigadores coincide con un periodo en el que la partida contable de servicios exteriores alcanzó los niveles más elevados registrados en las cuentas de la organización. De acuerdo con la documentación económica remitida a los órganos fiscalizadores esta rúbrica pasó de 35,8 millones de euros en 2021 a 40 millones en 2022 y a 56,22 millones en 2023.
Los estados financieros reflejan que dicha partida concentra una amplia variedad de gastos relacionados con proveedores, entre ellos suministros, asesoramiento profesional, servicios jurídicos, campañas de comunicación y otras contrataciones externas. La investigación judicial trata de determinar si una parte de esos desembolsos pudo utilizarse para finalidades distintas de las declaradas.
El aumento del gasto registrado en 2023 se produjo en un ejercicio marcado por la celebración de diversos procesos electorales. No obstante, los datos muestran que la cifra superó ampliamente la contabilizada en otros años con elevada actividad electoral. En 2019, por ejemplo, la misma rúbrica ascendió a 41,5 millones de euros pese a la coincidencia de varias convocatorias electorales de ámbito nacional, autonómico y local.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias para esclarecer la naturaleza de determinados pagos que, según las resoluciones conocidas hasta la fecha, habrían sido realizados mediante facturas cuya correspondencia con los servicios prestados está siendo examinada. Entre los importes bajo análisis figuran al menos 180.000 euros vinculados a contratos formalizados con despachos profesionales y consultores.
Las actuaciones judiciales también hacen referencia a la supuesta elaboración de órdenes de encargo que habrían permitido justificar documentalmente determinadas transferencias económicas. Los investigadores consideran necesario verificar si existió una relación efectiva entre los trabajos facturados y los servicios finalmente ejecutados.
Otro de los aspectos recogidos en la documentación analizada es la evolución del uso de efectivo por parte de la estructura central del partido. Los datos remitidos a los órganos de control muestran que el volumen de efectivo gestionado superó los 200.000 euros anuales en 2023 y 2024, frente a los aproximadamente 110.000 euros registrados en 2019.
La causa permanece en fase de instrucción y las diligencias continúan abiertas.
