La Benemérita destaca que a lo largo del procés los Mossos llevaron a cabo «hechos que denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista».
La Guardia Civil sospecha que los Mossos ayudaron al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a huir de España rumbo a Bélgica.
Así se desprende de un informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la presunta rebelión cometida por los líderes separatistas y por la que hay sobre Puigdemont una orden de detención e ingreso en prisión en caso de regresar a España.
La Benemérita destaca además que a lo largo del procés los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo «hechos significativos y sorprendentes» que de forma aislada podrían ser anecdóticos, pero que sumados «denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista» y señala que la cúpula independentista estaba convencida de que «la Policía Autonómica obedecería a las leyes del Gobierno catalán y que se debían a este gobierno antes que al juez o a España».
Dice el texto que «la actitud observada por parte de los Mossos durante toda la investigación policial y las actuaciones llevadas a cabo pusieron de manifiesto hechos significativos y sorprendentes», teniendo en cuenta que «se trata de un cuerpo policial que cuenta entre sus principios de actuación el de la defensa de la Constitución el Estatuto y el ordenamiento jurídico». «Hechos que analizados de forma aislada podrían ser anecdóticos pero que sumados y analizados en su conjunto denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista», añade el informe.
Igualmente, la Guardia Civil señala al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero al asegurar que «proporcionaba apoyo a individuos imputados en unas diligencias judiciales y con intención de apoyar una investigación judicial sino más bien para dar apoyo a los investigados».
Desde el primer momento, añade, se opuso al nombramiento de Diego Pérez de los Cobos como encargado de la coordinación policial del 1-O asegurando que la seguridad ciudadana era una competencia de la policía autonómica.
Una de las llamadas significativas que indican que «los Mossos o más bien los jefes políticos y policiales del mismo están totalmente involucrados en el proceso separatista» tuvo como interlocutores a Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, y al director de la policía autonómica, Pere Soler el pasado 29 de septiembre.
Sutrias le dice que «necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa» y Soler le responde que «habían aumentado la contravigilancia a los que han estado más expuestos».
En este punto vuelve a relucir el nombre de Trapero al afirmar que las ordenes para el cumplimiento de los requerimientos de Sutrias a Soler se transmitieron a través del exmayor de los Mossos.
Para la Guardia Civil, «parece meridiano que la Generalitat utiliza a su propia policía autonómica más para funciones de seguridad y protección de sus miembros, aun cuando estos realizan acciones que pueden infringir la ley que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales».
En otro punto, el texto explica que «siguiendo esta línea de brindar a los miembros del Govern», se registró una conversación entre un policía y Natalia Garriga Ibañez, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, detenida por su supuesta participación en la organización del referéndum.
La agente le explica que tiene «vía libre» para hacer servicio con ella en los tres turnos de trabajo, en patrullas no logotipadas y sin uniforme para que vigilasen su domicilio. Además le indica que quería hablar con ella para darle «cuatro consejos para temas de medios técnicos» y para conocer su rutina.
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