La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) abre un nuevo frente para el gestor público de infraestructuras. La Unidad Central Operativa (UCO) analiza varios contratos adjudicados por ADIF a una de las empresas que participó en la renovación de la vía donde se produjo el siniestro. A falta de una causa oficial cerrada, los investigadores centran la atención en las obras ejecutadas en ese tramo y en las compañías responsables de su modernización, en un contexto marcado por las sospechas de irregularidades en la contratación pública.
Según revela The Objective, el foco se sitúa en los trabajos realizados en los desvíos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, una zona técnica clave que coincide con el punto exacto del accidente. Esa información ha activado las alertas dentro de la investigación del conocido como caso Koldo, ante la coincidencia de que algunas de las empresas adjudicatarias aparecen citadas en diligencias de la Guardia Civil por presuntos amaños de concursos.
Los contratos bajo examen corresponden a dos fases del proyecto de renovación de desvíos en la línea Madrid-Sevilla. El primero, licitado en 2021, alcanzó los 21 millones de euros; el segundo, adjudicado en 2023, ascendió a 26,8 millones. A esas cifras se suman los suministros asociados, lo que eleva el coste total de las actuaciones hasta rozar los 100 millones de euros.
Entre las empresas que integraron las uniones temporales de adjudicatarias figura Azvi, una constructora andaluza que aparece mencionada en la investigación de la UCO sobre una presunta red de corrupción vinculada al Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras durante la etapa de José Luis Ábalos. La Guardia Civil analiza si en algunas de estas obras se recurrió a prácticas orientadas a reducir costes mediante materiales o procesos distintos a los inicialmente previstos.
Fuentes del sector ferroviario recuerdan que ADIF ejerce la dirección de obra y autoriza cada certificación de pago, lo que convierte al ente en pieza clave para entender cómo se ejecutaron los trabajos. La normativa obliga a realizar controles técnicos y ensayos de laboratorio para verificar la calidad de los materiales, en especial en elementos tan sensibles como los desvíos de alta velocidad, donde el tratamiento del acero resulta determinante para la seguridad.
Los investigadores tratan de aclarar si esos controles se aplicaron con rigor suficiente y si las calidades finales se ajustaron a lo recogido en los pliegos. Una eventual reducción de costes en fases críticas de la obra podría tener consecuencias directas sobre la resistencia y el comportamiento de la vía.
El siniestro tuvo lugar en un punto concreto del trazado donde se habían sustituido varios aparatos de vía durante la fase más reciente de las obras. En ese tramo se instalaron desvíos de alta velocidad de última generación, diseñados para el AVE español y con una longitud superior a los 100 metros cada uno. Es precisamente ahí donde el tren descarriló antes de colisionar con otro convoy.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló públicamente esos desvíos durante su primera comparecencia tras el accidente, al identificarlos como elementos clave para la investigación técnica.
Las obras de modernización del AVE Madrid-Sevilla se dieron por finalizadas en la primavera de 2025. El Ministerio celebró entonces la renovación integral de una línea con más de 30 años de servicio y destacó una inversión global superior a los 700 millones de euros.
