El documento coloca a Mas como la pieza que permitía que el partido y la Generalitat operaran de un modo sincronizado.
La Guardia Civil ha encontrado una prueba que involucra al expresidente de la Generalitat y expresidente de la antigua Convergencia de 2012 a 2016, Artur Mas, en la gestión de la caja B del partido.
Lo ha hecho al localizar un ‘power point’ en la sede del partido que describe sus mecanismos internos de funcionamiento y confirma que era el responsable de supervisar y coordinar el trabajo de los departamentos de tesorería y gerencia, las dos bases de la trama del 3%.
Según ha publicado El Confidencial, el documento sigue siendo analizado por la Benemérita, aunque ya se le sitúa como presunto cerebro de una organización delictiva que habría captado fondos opacos por importe de al menos 1.040.800 euros solo entre 2008 y 2013.
Cabe destacar que el documento acredita que tenía la obligación de estar al tanto de la actividad de su tesorero y su gerente, y estipula que estos altos cargos debían rendir cuentas de ante él.
Desde que la causa arrancó en 2014, las pesquisas cercaron a varios de los colaboradores de Mas como al tesorero Andreu Viloca y al exconsejero Germá Gordó, hombre fuerte de Convergència y situado como «conseguidor» de la trama.
Mas ha negado en reiteradas ocasiones su responsabilidad y ha manifestado que «nunca tuvo conocimiento ni las más mínima intuición sobre el 3%» -siempre se escudó en «la defensa de Cataluña» y del proceso separatista para diluir las acusaciones-, pero este nuevo documento lo ubica como correa de transmisión entre dos estructuras y como la pieza que permitía que el partido y la Generalitat operaran de un modo sincronizado, siempre según este medio.
Por un lado estaría Viloca y su predecesor, Daniel Osácar, condenado ya por el caso Palau, que se encargaban de gestionar el cobro de las donaciones ilegales de los empresarios que querían conseguir contratos de obra pública y servicios en las instituciones controladas por CDC, y por otro el grupo que debía amañar los concursos para favorecer a los donantes -hasta 24 adjudicaciones que suman 218 millones de euros habrían sido manipuladas-.
Gordó lideraba supuestamente esta otra estructura, secundado por el presidente de la Autoridad del Puerto de Barcelona (APB), Sixte Cambra; el expresidente del ente Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) Antoni Vives y los exdirectores generales del organismo público Infraestructuras de Cataluña Joan Lluís Query Josep Antoni Rosell, entre otros altos cargos convergentes.
