La Guardia Civil coloca a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el centro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic al sostener que es «con mucha probabilidad» la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada ‘Threema’ que actuaba bajo el seudónimo de ‘Matagalls’ y que tenía «un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma».
Así consta en un informe que la Jefatura de Información de la Guardia Civil y que ha sido presentado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa abierta contra ese movimiento por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del golpe separatista.
Apunta además que ‘Matagalls’ en sus mensajes «no sólo ha bendecido a Tsunami, sino que también es la persona autorizada para discutir y defender el proyecto de Tsunami ante estructuras, entidades y organizaciones, se entiende que del ámbito independentista, que pudieran estar en contra».
Sobre el rol de Rovira, añade que si bien en poco tiempo el movimiento recibió el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán.
El documento de la Guardia Civil concluye además que Tsunami Democràtic se ideó con el objetivo de «provocar grandes perjuicios económicos a las principales estructuras del sistema económico» y «desestabilizar la economía española», y resalta que el elemento diferenciador de este movimiento fue «la estructura de apoyo que le sustentó en materia comunicativa, logística, legal, económica u operativa».
Mantiene que la desestabilización económica de España se buscó con «el bloqueo de los aeropuertos de Barcelona y Madrid», y añaden que además desde Tsunami se trató de «aislar a España del resto de Europa» con el corte de la autopista AP-7 en la frontera con Francia y con la marcha lenta que llamaron ‘Operación Caracol’, que consistió en la ralentización del tráfico en la frontera de España con Francia en Behobia (Guipúzcoa).
Por ello, y atendiendo al resultado de las acciones llevadas a cabo, la Guardia Civil concluye que sí se produjo «una alteración grave del orden y de la paz pública en la que hubo momentos en los que se puso en riesgo la integridad física de los usuarios de la vía pública, así como la libertad y el patrimonio de muchos ciudadanos».
Por otro lado, y tras detallar el perjuicio económico que pudo suponer cada una de las acciones, el informe añade que para llevar a cabo alguna de ellas «fue necesario cometer otro tipo de ilícitos como, por ejemplo, la falsificación de tarjetas de embarque de avión». Esto permitió que se pudieran sortear los controles de acceso al Aeropuerto de Barcelona.
