En lo que va de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han registrado un homicidio al día, mientras que los intentos de asesinato se han incrementado en un 20% a consecuencia de la inmigración ilegal descontrolada, según sostienen algunos sindicatos policiales y expertos en seguridad. Estos datos, que reflejan una escalada alarmante de la violencia, han activado todas las alertas en el Ministerio del Interior, especialmente en lo referente al fortalecimiento del crimen organizado y la creciente dificultad de mantener el orden público en determinadas zonas del país.
El balance de criminalidad del primer trimestre, publicado por el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska y adelantado por El Español, revela una realidad preocupante: aunque los asesinatos consumados han bajado ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior —de 95 a 84—, la tendencia a largo plazo sigue siendo ascendente y persistente. De hecho, en 2024 se alcanzó el pico más alto de homicidios en la última década, con 348 casos registrados.
Desde 2018, las cifras muestran una evolución inquietante. Ese año se cerró con 289 homicidios intencionados. En 2019, el número subió un 14,5% hasta alcanzar las 331 víctimas. Tras una caída puntual en 2020 coincidiendo con el confinamiento y las restricciones de movilidad, los números volvieron a crecer progresivamente: 293 homicidios en 2021, 325 en 2022 (+10,9%), 333 en 2023 (+2,5%) y 348 en 2024 (+4,5%). La conclusión de los especialistas es clara: España vive una etapa de deterioro sostenido en materia de seguridad ciudadana.
En paralelo, los responsables policiales subrayan que esta oleada de delitos graves va acompañada de un notable aumento de la actividad de grupos criminales, tanto autóctonos como internacionales. Actualmente, el Ministerio del Interior reconoce la existencia de al menos 490 bandas organizadas operando activamente en territorio nacional, implicadas en actividades como el narcotráfico, la extorsión, el blanqueo de capitales, la tenencia ilícita de armas o los robos violentos.
El sindicato policial Jupol denuncia que la falta de recursos, sumada a recientes instrucciones del Gobierno que —a su juicio— limitan la capacidad de acción de los agentes, está dejando a los ciudadanos cada vez más expuestos. Entre esas medidas, critican especialmente la normativa que suaviza la respuesta frente al consumo o posesión de drogas en vehículos privados, lo que consideran una señal de permisividad institucional ante el tráfico de estupefacientes.
