La inmigración ha escalado posiciones entre las preocupaciones de los españoles, pasando del noveno al cuarto lugar en la lista de principales inquietudes. Según el último barómetro del CIS, publicado este viernes, en julio, un 16,9% de los encuestados la citó entre sus tres primeras preocupaciones, frente al 11,2% del mes anterior. Este aumento coincide con la crisis migratoria y el debate sobre la distribución de menores extranjeros no acompañados en el ámbito político.
En esta encuesta realizada a 4.007 ciudadanos entre el 1 y el 4 de julio, el desempleo sigue siendo la principal preocupación para el 26,5% de los españoles, seguido de los problemas políticos generales (20,7%) y los problemas económicos (19,8%), manteniéndose por encima de la inmigración. El paro, en particular, ha recuperado su puesto como el problema más acuciante, superando a los problemas políticos (23%) y a la vivienda (21,2%), que encabezaban la lista el mes anterior.
En términos de respuestas específicas, la inmigración fue mencionada en julio como la primera preocupación por el 4,9% de los encuestados, como la segunda por el 6,7% y como la tercera por el 5,3%. Estas cifras representan un notable incremento respecto a junio, cuando fue citada como primera por el 2,6%, como segunda por el 4,9% y como tercera por el 3,8%. De hecho, en el mes previo, otras cuestiones como la vivienda, las diferencias de clase, la sanidad, el comportamiento de los políticos y la calidad del empleo eran consideradas más importantes que la inmigración.
A nivel global, el 36,7% de los encuestados cree que los mayores problemas actuales son las guerras y los conflictos bélicos, mientras que un 34% señala la pobreza y la desigualdad entre países como las principales amenazas. Otras preocupaciones internacionales incluyen el cambio climático (11,2%), la falta de empleo en los países pobres (5,2%), el terrorismo internacional (4,9%), la crisis energética (1,8%) y los líderes políticos (1,5%).
En cuanto a la política exterior, el barómetro refleja una aparente contradicción. Por un lado, el 66,2% de los ciudadanos considera que el Estado debe priorizar el bienestar de los españoles antes que el de otros países. Sin embargo, un 76,8% opina que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas de los países menos desarrollados, a pesar del coste económico que ello implique. Sólo un 18,9% cree que España no debería hacerlo.