La investigación del Tribunal Supremo ha aflorado los intensos vínculos del PNV con la presunta trama corrupta de Santos Cerdán en Navarra, situando a la formación nacionalista vasca en el epicentro de una red de intereses cruzados que se remonta al menos a 2015, cuando Geroa Bai —su marca en la comunidad foral— accedió al Gobierno autonómico con el apoyo de Bildu y Podemos, y la abstención del PSOE.
En esa legislatura, liderada por Uxue Barkos, comenzaron a firmarse contratos públicos millonarios con empresas ligadas a Cerdán. Una de ellas fue Servinabar 2000 SL, una sociedad participada en secreto por el propio dirigente socialista, quien firmó el 1 de junio de 2016 un acuerdo con el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, natural de Elgoibar (Guipúzcoa), por el que adquiría el 45% de la firma, según avanza El Confidencial. Lo llamativo es que, por entonces, la empresa ni siquiera tenía como objeto social la actividad constructora que luego le permitió obtener adjudicaciones públicas de gran calibre.
Ese contrato se rubricó apenas un año después de que Geroa Bai tomara las riendas del Gobierno navarro. En paralelo, el entorno de Cerdán —incluido su hombre de confianza, Koldo García Izaguirre— ya había comenzado a estructurar otras sociedades junto a Alonso Egurrola, como Noran Cooperativa, utilizada como canal de recepción de fondos por parte de Servinabar, según los informes de la UCO. El epicentro de estas operaciones se sitúa en una asesoría del barrio de Ibaeta, en San Sebastián —Azpilicueta Consultores—, próxima al entorno del PNV, donde también se domiciliaron algunos de estos proyectos empresariales.
No fue hasta 2017 cuando llegaron los primeros grandes contratos. En octubre de ese año, la Consejería de Cultura y Deporte de Navarra, en manos de Geroa Bai, adjudicó a una UTE formada por Servinabar y Acciona la reforma de las oficinas del pabellón Navarra Arena por 3,7 millones de euros. Aquella licitación marcó el inicio de una cadena de adjudicaciones a favor de la constructora vinculada a Cerdán y Alonso Egurrola.
Pocos meses después, en mayo de 2018, la misma unión de empresas se hizo con las obras de remodelación del Archivo Real y General de Navarra, por valor de 2 millones. Y ya en diciembre, Nasuvinsa, empresa pública del Gobierno foral, les otorgó 6,8 millones para construir 62 viviendas protegidas en Ripagaina, dentro del término municipal de Pamplona.
Uno de los episodios más llamativos llegó poco después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder y convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Apenas tres semanas después, el 28 de junio de 2018, el Ejecutivo de Geroa Bai adjudicó a Acciona y otra sociedad de Alonso Egurrola, Alegure SL, la edificación de un colegio público en Arbizu, por 2,6 millones. Según fuentes de la investigación, la UCO ha encontrado documentación relevante sobre este expediente en los registros ordenados recientemente por el juez instructor Leopoldo Puente.
Pero más allá de las adjudicaciones, el sumario recoge que la conexión entre el PNV y la red de Cerdán no fue solo empresarial. En su declaración ante el Supremo, el propio Cerdán reconoció que recurrió a su socio Alonso Egurrola para facilitar el acercamiento al partido jeltzale con vistas a obtener su respaldo en la moción de censura de 2018. El empresario guipuzcoano, que según Cerdán mantenía un «canal directo» con el PNV, habría sido clave para abrir esa vía de interlocución.
El papel del consejero vasco Jon Iñaki Alzaga Etxeina, vinculado al PNV y directivo tanto de Euskaltel como de Nortegas, también ha sido señalado en la investigación. Su nombre aparece relacionado con al menos una de las licitaciones concedidas a Servinabar, reforzando la tesis de que altos perfiles del nacionalismo vasco pudieron intervenir en favor de estas adjudicaciones.
Por si fuera poco, la red se expandió al sector extractivo. En 2017, Cerdán y Alonso Egurrola constituyeron Grupo Mining Team SL, con la intención de entrar en la explotación de la Mina Muga, situada entre Navarra y Aragón. Acciona, que según la UCO pagó comisiones ilícitas a la red para obtener permisos y acelerar trámites, se incorporó al proyecto pocos meses después de la llegada de Barkos al poder. La parte navarra del expediente minero, clave para su viabilidad, dependía directamente de la administración de Geroa Bai.
Así, el caso revela un entramado que no solo unía a empresarios y políticos del PSOE, sino que se habría tejido también con la complicidad o participación de sectores relevantes del PNV. Estos vínculos, ahora bajo el foco judicial, explican —según fuentes del caso— el respaldo sostenido de los nacionalistas vascos al Gobierno de Pedro Sánchez. Un respaldo que, a la luz de los indicios, podría estar motivado por algo más que la sintonía ideológica.
