La jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes implicadas en el proceso judicial contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— que se pronuncien sobre la posibilidad de retirarle el pasaporte y establecer medidas cautelares tras conocerse que podría mudarse a Japón.
La solicitud surge a raíz de las peticiones formuladas por el sindicato Manos Limpias, quien expresó su preocupación por un eventual intento de huida del investigado. Ambas acusaciones han solicitado al juzgado que, además de retirarle el pasaporte, se le imponga una fianza de 70.000 euros para asegurar su presencia durante el proceso judicial.
El temor a una posible fuga se ha intensificado tras la información publicada por el diario ABC, en la que se afirma que el consulado japonés habría concedido un visado a David Sánchez por razones de reagrupación familiar, ya que su esposa y su hija residen actualmente en el país asiático.
Desde VOX, su coordinadora nacional del Área Jurídica, Marta Castro, ha advertido públicamente de los riesgos que implicaría un eventual traslado del acusado a Japón. Según recordó en un comunicado, España no tiene firmado ningún tratado de extradición con esa nación, lo que podría obstaculizar gravemente la celebración del juicio. “Si se le permite marcharse, podría resultar imposible que comparezca ante la justicia española”, alertó.
David Sánchez fue enviado a juicio el pasado mes de mayo, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ambos están imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con su contratación por parte del organismo provincial.