La Junta de Andalucía ha decretado el cierre inmediato de una residencia privada de mayores ubicada en la capital malagueña que llevaba más de una década operando sin licencia, sin condiciones de habitabilidad y en un estado deplorable de higiene. El escándalo, destapado tras una inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial, ha sacado a la luz lo que ya muchos vecinos califican como una auténtica «residencia de los horrores«.
Según ha confirmado el Gobierno andaluz, los ancianos que aún permanecían en las instalaciones han sido reubicados. Se trataba de un centro sin plazas concertadas con la Junta, que no contaba con ningún tipo de autorización oficial para su funcionamiento.
Las conclusiones de la inspección son estremecedoras. Se habrían vulnerado de forma sistemática la dignidad y la intimidad de los residentes durante tareas básicas como la higiene personal y los cuidados sociosanitarios. Además, el centro presentaba graves incumplimientos en materia higiénico-sanitaria: instalaciones deterioradas, menaje sucio, utensilios en mal estado, vestuario inadecuado y deficiencias estructurales.
Los propietarios del inmueble, quienes lo habían alquilado para su uso como residencia, quedaron consternados al acceder a la finca. Lo que encontraron los dejó en estado de shock: colchones empapados de orina, suelos hundidos, excrementos en varias estancias, barandillas rotas, duchas en ruinas y electrodomésticos cubiertos de óxido y mugre acumulada. Uno de ellos llegó a desmayarse al ver el estado en que se encontraba la propiedad, según ha relatado el abogado que representa a la familia, Andrés Francisco Pérez Plaza.
«La familia está destrozada», ha declarado el letrado. «La propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar. Todo está ruinoso». Según denuncia, temen que los ancianos que vivieron allí hayan sido víctimas de abandono. De hecho, hasta hace apenas dos semanas todavía quedaban residentes.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, detalla también un intento de extorsión por parte de las inquilinas de la residencia. Cuando los propietarios expresaron su intención de vender la finca ante la creciente deuda —que ya asciende a más de 84.000 euros—, las gestoras del centro exigieron dinero para marcharse y amenazaron con destrozar la propiedad si no accedían a su chantaje.
Los dueños no cedieron y fue entonces cuando, gracias a la intervención de un detective privado amigo de la familia, descubrieron que las responsables estaban trasladando mobiliario a otra finca en Torremolinos, donde presuntamente pretenden abrir una nueva residencia de ancianos.
El pasado mes de marzo, una vecina alertó de que el portón de la finca se encontraba abierto y no había nadie dentro. Al acudir, los propietarios comprobaron que todas las cerraduras habían sido forzadas y que el interior presentaba un panorama devastador.
La propietaria, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado que jamás imaginaron que su casa acabaría convertida en un foco de insalubridad. «Es desolador, horrible. Nosotros dejamos una casa maravillosa para que los mayores estuvieran bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad», ha lamentado entre lágrimas.
