La Junta de Andalucía, presidida por Moreno Bonilla, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para regularizar la situación de Doñana. Tras meses de acusaciones entre las dos administraciones, hace semanas que se sentaron a negociar los equipos para sellar la paz. Y así ha sido.
El propio presidente de la Junta y la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, sellarán el acuerdo este lunes. En la simbólica localidad de Almonte (Huelva), donde se ubica el Centro de Visitantes de la Rocina, ambos políticos presentarán el acuerdo, que será firmado en el Teatro Távora.
De esta forma el Gobierno y la Junta ponen fin a más de dos meses de negociaciones y fuegos cruzados, que llevaron a Moreno Bonilla a poner sobre la mesa una proposición de ley sobre Doñana. El texto de los populares pretendía ampliar 700 hectáreas la zona de regadíos de Doñana. Esta propuesta fue bloqueada por Ribera, que consideró que la integridad del parque podría sufrir por la escasez del agua.
Aunque el rumbo de las negociaciones parecían indicar lo contrario —Moreno Bonilla llegó a decir que «no estaba cerca»—, el acuerdo se ha desbloqueado con no poca rapidez. Precisamente para lograr el consenso se reunieron la vicepresidenta y el presidente del Ejecutivo andaluz en el mes de octubre. Mientras que el Gobierno del PP insistía en esta protegiendo el parque de Doñana, Pedro Sánchez llegó a a afirmar que la ley propuesta en el parlamento andaluz era «una amenaza de muerte» para Doñana.
En este tiempo se ha abierto una negociación que ha tenido como protagonistas a los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; y la consejera de Agricultura, Pesca, Agua, y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como principal representante gubernamental.
