La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, cerró el año 2024 con un aumento récord de la recaudación tributaria, alcanzando los 818,6 millones de euros, un 11,3% más que en 2023. A pesar de este incremento sostenido, el PP se alineó con toda la oposición para rechazar una iniciativa de VOX que buscaba precisamente reducir el peso de dos de los impuestos que más contribuyeron a ese aumento: Sucesiones y Patrimonio.
La Proposición No de Ley presentada el pasado mes de octubre proponía una bonificación del 99% para Sucesiones en grados III y IV y del 100% en Patrimonio. La propuesta sólo contó con los 12 votos del grupo proponente y fue rechazada por 66 votos en contra y una abstención.
Así, la Junta logró en 2024 una recaudación de 213,2 millones de euros sólo por Sucesiones y Donaciones, un 10,9% más que el año anterior. El impuesto sobre el Patrimonio también registró una subida, hasta los 45,7 millones. En total, los tributos cedidos por el Estado dejaron 727,4 millones en las arcas autonómicas, y los propios sumaron 91,2 millones, según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda recogidos en la memoria anual.
Desde VOX se denunció que estos impuestos penalizan el esfuerzo y el ahorro, y se advirtió de que su bonificación tendría además un efecto positivo sobre el empleo y la fijación de población en la Comunidad, al permitir que quienes heredan o conservan cierto patrimonio puedan invertirlo y generar oportunidades.
En contraste, desde el PP defienden la política fiscal del Ejecutivo autonómico, asegurando que se trata de una «fiscalidad moderada» favorable a autónomos, pymes y familias. Una afirmación difícil de conciliar con el dato de que Castilla y León batió en 2024 su propio récord recaudatorio, especialmente gracias al incremento de la carga impositiva sobre herencias y transmisiones.
La postura popular se alineó una vez más con la de la izquierda. Tanto el PSOE como Unidas Podemos fueron muy críticos en octubre con la propuesta de VOX. La socialista Rosa Rubio defendió una fiscalidad progresiva, donde «quien más tiene, más contribuya», y aseguró que «no puede haber justicia social sin justicia fiscal». El comunista Pablo Fernández acusó directamente a VOX de querer beneficiar «a los ricos».
En resumen, el Gobierno de Mañueco presume de bajos impuestos mientras engorda la recaudación como nunca, y rechaza propuestas que permitirían a las familias trabajadoras conservar lo que ya han tributado en vida. Castilla y León ve así cómo el discurso de la «moderación fiscal» del PP choca con unos números que evidencian una presión cada vez mayor sobre los contribuyentes, y que, al menos por ahora, seguirán sin alivio.
