El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido que el rey emérito, Juan Carlos I, no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por presunto acoso. Presentada por Corinna Larsen, le reclamaba 126 millones de libras en concepto de daños y perjuicios.
«Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada», ha señalado la juez Collins Rice.
La decisión se ha dado a conocer este viernes después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law. El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.
Así, la defensa insistió entonces en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda. A ello, añadieron que «la cuestión clave» era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto ‘evento dañino’ o el ‘daño directo’, algo que, según apuntaron los abogados de la demandante, no se había demostrado.
