«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
EL ACUERDO ENTRE SÁNCHEZ Y PNV CONTRADICE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME

La Justicia francesa ya expulsó en 1951 a los okupas vascos del palacete de París y resolvió que pertenece al Estado español

Palacete del número 11 de la Avenue Marceau en París. Instituto Cervantes

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV para ceder el histórico palacete del número 11 de la Avenue Marceau en París contradice una resolución judicial firme dictada por los tribunales franceses hace más de siete décadas. La justicia francesa ya resolvió en 1951 que el edificio pertenece al Estado español y ordenó la expulsión de los dirigentes nacionalistas vascos que lo ocupaban de manera ilegal.

Este inmueble, que fue la primera sede del Instituto Cervantes, quedó inscrito en el registro de propiedad hipotecaria de Francia bajo titularidad del Estado español desde hace más de 70 años. No obstante, el reciente pacto entre el PSOE y el PNV ignora este hecho y resucita una disputa ideológica que la justicia zanjó hace décadas.

El conflicto en torno a la propiedad del edificio comenzó entre 1936 y 1937, cuando la sociedad Financies et Entreprises (FeE), creada por el PNV, adquirió el palacete con fondos de origen diverso, incluyendo dinero público español, detalla Abc.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de París en 1940 llevó a los dirigentes de FeE a abandonar el inmueble. En ese contexto, diplomáticos y agentes de la embajada de España, situada a pocos metros, pasaron a ocupar el edificio.

Finalizado el conflicto, en agosto de 1944, milicias de la Resistencia francesa, con fuerte influencia comunista, facilitaron que el PNV volviera a instalar allí sus oficinas de propaganda independentista, desoyendo una sentencia previa del Tribunal de París de 1943, que ya había reconocido la propiedad del Estado español sobre el inmueble.

La batalla legal por la propiedad del palacete se prolongó durante años. En 1949, con un Gobierno en Francia completamente alejado del franquismo, el Tribunal de Apelación del Sena ratificó la sentencia anterior, desestimando las reclamaciones del PNV y ordenando que pagara las costas del proceso.

Ante la negativa de los nacionalistas vascos a acatar la decisión judicial, en 1951 el Tribunal del Sena ordenó el desalojo inmediato. La operación se llevó a cabo el 6 de junio de ese año, cuando una brigada de la policía francesa irrumpió en el inmueble y expulsó a los ocupantes del PNV sin apenas incidentes.

Pocos días después, el embajador de España, Manuel Aguirre de Cárcer, tomó posesión oficial del palacete, anunciando su transformación en una biblioteca y centro cultural. Con el tiempo, el edificio se convirtió en la primera sede del Instituto Cervantes, desempeñando una importante función en la difusión de la cultura y lengua española.

El acuerdo entre el PSOE y el PNV no tiene base legal ni hipotecaria. España ha ejercido de manera ininterrumpida la titularidad del inmueble durante más de 70 años, pagando los impuestos correspondientes y asumiendo todos los gastos de mantenimiento.

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha justificado el traspaso afirmando que se trata de una devolución de un edificio que fue ocupado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta versión obvia los fallos judiciales previos y el hecho de que el inmueble quedó reconocido como propiedad española por los tribunales franceses en distintas ocasiones.

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