Cataluña se convirtió en 2014 en la primera comunidad en aprobar una ley trans. Y lo hizo con holgura: desde ese año las personas con disforia de género pueden acceder a consulta, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para reasignación de sexo sin necesidad de tener un diagnóstico de disforia de género ni patología de salud mental. Es más, también desde 2019 los hombres trans pueden cumplir condena en una cárcel de mujeres si así lo desean.
En la comunidad ya se aplica, y desde hace seis años, una legislación muy similar a la que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero quiere implantar a nivel nacional. Y como ahora están advirtiendo expertos en el marco de la tramitación de la polémica norma, la aprobación de la legislación ha venido acompañada de una explosión en el número de casos. Así, entre 2016 y 2021 el número de personas atendidas por el Servei Trànsit del Institut Català de la Salut –el servicio público especializado en atención a personas con disforia de género en la comunidad– se ha cuadriplicado, pasando de las 366 en 2016 a las 1.454 en 2021.
«No son trans, sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar. Como la OMS ha despatologizado la transexualidad, ni nos han pedido opinión. Pero es una barbaridad lo que quieren hacer, y los vulnerables, los de siempre, podrían sufrir mucho», advirtió hace apenas unas semanas Celso Arango, jefe del departamento de psiquiatría pediátrica y juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid en la presentación de Amanda, una asociación de personas afectadas por este problema.
Las inquietantes cifras de la comunidad catalana –que son extrapolables al resto de España– han sido reveladas ahora por un informe de Feministas de Cataluña, una de las muchas asociaciones feministas que están en contra de la ley trans y del reconocimiento de la libre autodeterminación de género ya que creen que puede suponer un paso atrás en los derechos de las mujeres.
El documento, basado en la población atendida por el Servei Trànsit de Cataluña entre 2012 y 2020 advierte no solo del aumento de casos —en los últimos nueve años las personas atendidas han aumentado un 667%–, sino de los cambios demográficos que ha experimentado la muestra de personas que han accedido al servicio público catalán.
Así, la media de edad de las personas atendidas ha caído 12 años de 2012 a 2021, desde los 34 años en 2012 hasta alrededor de los 22 años. Se ha pasado de atender «a hombres adultos a niñas adolescentes», explican desde la asociación. «Mientras que en los primeros años se atendía principalmente a hombres adultos mayores de treinta años y a ningún menor de edad, en la actualidad aproximadamente el 40% de las personas atendidas tienen dieciocho años o menos«, añaden.
El análisis también permite constatar que existe un patrón de edad y sexo persistente y claramente diferenciado entre mujeres y hombres: en edades infantiles hay más niños de sexo masculino atendidos (el 59,7% de los casos de 0 a 9 años son niños vs el 38,7% de niñas), en la adolescencia y pre-adolescencia las niñas son mayoría (el 68,4% de los casos entre 10 y 18 años), y en la edad adulta vuelven a predominar a los hombres ( que son más del 70% de los casos de mayores de 30 años).
«Desde 2018 se ha dejado de registrar el sexo en un número creciente de casos atendidos, incidencia que alcanza el 5,5% en 2020. Las edades de las personas sin registro de sexo concuerdan más con las tendencias observadas entre las niñas adolescentes, por lo que este aumento entre niñas que solicitan una transición de género es probablemente aún mayor», explican desde la entidad.
Por eso, creen que existe una «responsabilidad política ante una situación grave» ya que la normativa que se aplica en Cataluña, de forma legal, es similar a la que está prevista en la ley trans que todavía no se ha aprobado. Para Feministas de Cataluña la posible explicación de que muchas menores decidan iniciar el cambio de sexo se debe la «presión» que sienten en las redes sociales y huyen de su feminidad junto con la «inducción» desde centros educativos que aplican protocolos en los que está presente una «reformulación de la identidad sexual».
La teoría de la entidad feminista es compartida por los médicos. En la unidad de hospitalización del Gregorio Marañón los casos de personas que manifiestan ser transexuales están aumentando cada año. «Si habitualmente teníamos uno o dos adolescentes que decían ser trans al año, ahora lo manifiesta el 15%, o 20% de los ingresados. Obviamente no es una cifra normal, no responde a la realidad«, explicó Arango en el evento organizado por Amanda.
Países en su día pioneros en la implantación de procesos de transición de género en adolescentes, como Suecia, Finlandia, Francia, EEUU o Australia, han rectificado sus protocolos ante la evidencia de que pudieran estar dañando a las personas con disforia de género, por aplicarse masivamente.
