Un nuevo escándalo sacude a la ONG Quorum Social 77. En esa ocasión, la polémica no llega por una inspección administrativa ni por un procedimiento judicial en curso, sino por el despido fulminante de un trabajador tras la difusión de una fotografía que ha vuelto a poner el foco sobre la gestión interna de la entidad.
La imagen, tomada en el Hotel My City y avanzada en exclusiva por @CanarioToday, muestra una gran cantidad de cajas de pizza apiladas en un carro de servicio. Según la documentación y los testimonios que han acompañado a la filtración, el gasto asociado a ese pedido habría alcanzado los 1.600 euros y estaba destinado a menores extranjeros no acompañados (menas) alojados en el centro. La cifra, más allá del hecho concreto, ha reavivado el debate sobre el uso de fondos públicos en dispositivos gestionados por organizaciones subvencionadas.
Tras hacerse pública la fotografía, la reacción de la ONG fue inmediata. El trabajador identificado como autor de la filtración fue despedido, según fuentes conocedoras del caso, por vulnerar las cláusulas de confidencialidad recogidas en su contrato laboral. Dicho contrato incluye compromisos estrictos de silencio, no solo durante la relación laboral, sino también con posterioridad a su extinción, así como la obligación de devolver cualquier documentación considerada sensible por la entidad.
Estos acuerdos de confidencialidad, firmados por la plantilla, se han convertido en una pieza clave del funcionamiento interno de la organización. En ellos se prohíbe expresamente divulgar información relativa a la gestión, a los centros y a las personas atendidas, bajo la advertencia de posibles consecuencias laborales y legales. Trabajadores y exempleados describen este control como exhaustivo, especialmente desde que la ONG comenzó a ser objeto de investigaciones externas.
La controversia se agrava por el contexto en el que se produce. Quorum Social 77 ha estado bajo el foco público tras la detención de un subdirector de uno de sus centros y, pese a ello, continúa recibiendo importantes subvenciones para la gestión de recursos de acogida. Para los críticos, el despido del trabajador no responde tanto a la gravedad del gasto como al hecho de que la imagen haya salido a la luz.
Mientras tanto, la entidad no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre el desembolso ni sobre los criterios aplicados en ese tipo de compras. El caso vuelve a plantear preguntas incómodas sobre la transparencia, el control del dinero público y el equilibrio entre la confidencialidad interna y el derecho a conocer cómo se gestionan recursos financiados con fondos de todos.
