La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una ONG dedicada principalmente a la gestión y acogida de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo que entran en España, ha recibido una lluvia de fondos públicos que superan los 226 millones de euros en 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025, según un documento al que ha tenido acceso LA GACETA.
Esta cifra, que combina contratos públicos y subvenciones, vuelve a poner en el punto de mira el papel de CEAR en la gestión de la inmigración ilegal, organización que además ha estado involucrada en la criminalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como en el caso de los 16 agentes de la Guardia Civil perseguidos injustamente por cumplir con su deber en Ceuta.
Una cascada de fondos públicos para CEAR
Desde 2023, CEAR ha percibido más de 26 millones de euros en contratos públicos suscritos con la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos contratos se destinan a la gestión de inmigrantes ilegales en centros de acogida y establecimientos habilitados, especialmente en regiones como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Cádiz, Málaga, Sevilla y Madrid. Entre los contratos más destacados figuran casi 5 millones de euros firmados a finales de 2023 para atender a inmigrantes derivados a estas comunidades, incluyendo instalaciones como el en el Aparthotel Vacanza Sun Beach en Guardamar del Segura (Alicante), donde se han registrado agresiones sexuales. Además, en el verano de 2024, CEAR recibió más de 2,2 millones de euros para gestionar la acogida en centros e instalaciones hoteleras de varias provincias.
Por si fuera poco, las subvenciones públicas otorgadas a CEAR en este período ascienden a más de 200 millones de euros, destinadas exclusivamente a la gestión de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo. El Gobierno central es el principal financiador, pero también destacan aportaciones de administraciones autonómicas y locales. El Gobierno de Canarias, desbordado por la presión migratoria en el archipiélago, ha entregado cerca de 600.000 euros a CEAR, mientras que el Cabildo de Gran Canaria aportó 95.000 euros y el Ayuntamiento de Las Palmas, 60.000 euros. En la Comunidad de Madrid, la ONG recibió casi 150.000 euros de la administración regional y 1,3 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid (la ayuda de la CAM desde el año 2021 asciende a 1,83 millones). La Junta de Andalucía, otra región castigada por la inmigración ilegal, concedió más de 150.000 euros a la organización.
Estos fondos, que suman más de 226 millones de euros en total, han permitido a CEAR implicarse activamente en operaciones como el traslado de cientos de inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península a través de numerosos vuelos concertados con la Unidad de Emergencias Migratorias, dependiente del Ministerio de Migraciones. Esta práctica, lejos de frenar la llegada de nuevas pateras, ha consolidado a España como un destino preferente para las mafias de la inmigración ilegal.
Criminalizando a la Guardia Civil: el caso de Ceuta
Uno de los episodios más oscuros en la trayectoria de CEAR es su implicación en el caso que convirtió en una pesadilla la vida de 16 agentes de la Guardia Civil en Ceuta. En mayo de 2021, miles de inmigrantes intentaron cruzar masivamente la frontera desde Marruecos, desbordando a las fuerzas de seguridad. Los agentes, en cumplimiento de su deber de proteger la soberanía nacional, fueron acusados por CEAR y otras ONG de presuntas vulneraciones de derechos humanos. Estas acusaciones, basadas en imágenes descontextualizadas y narrativas sesgadas, llevaron a una investigación penal que mantuvo a los guardias civiles en el punto de mira durante meses. Finalmente, en junio de 2022, el Tribunal Supremo archivó el caso, poniendo fin a una persecución que no solo dañó la reputación de los agentes, sino que también debilitó la moral de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
