La localidad de Medina del Campo (Valladolid), de 20.000 habitantes, supo este miércoles que se ha convertido en uno de los aliviaderos que está empleando el Gobierno del PSOE y Sumar para sacar a los miles de inmigrantes ilegales que han desembarcado en Canarias en las últimas semanas.
En vez de devolverlos a sus respectivos países, el Ejecutivo está repartiendo a esas personas por varios municipios y, en ocasiones, sin avisar a los alcaldes. En Medina del Campo los hospedan en el Palacio Salinas, un balneario de lujo a cuatro kilómetros de distancia. Ayer se supo que la Administración había traído a 183 y hoy traerá a 63 más, hasta sumar casi 250.
El balneario ha sido contratado por ACCEM, la principal ONG que gestiona la traída de inmigrantes en Castilla y León y con cuyos responsables se ha reunido la delegada del Gobierno en la región, Virginia Barcones. El número de inmigrantes va a seguir aumentando hasta los 350, que se distribuirán por varios lugares de la comunidad.
ACCEM es una asociación constituida en 1990 e inscrita en el registro del Ministerio de Interior en 1991. En 1992 entró «a formar parte de la red estatal de centros de acogida para personas refugiadas en España».
Según su memoria del año 2022, ACCEM tiene sólo 405 socios, después de 30 años de actividad. El año pasado registró unos ingresos por donaciones y tienda solidaria de 742.170 euros; más de la mitad, 396.103 euros, provinieron de empresas. Sin embargo, a pesar de tan bajos números de socios y de ingresos propios, ACCEM recibió la asombrosa cantidad de 139,5 millones de euros en todo tipo de subvenciones, es decir, dinero de los impuestos de los españoles.
La Administración que más aportó a ACCEM es la estatal, o sea el Gobierno de Sánchez y Díaz, con casi el 82%, lo que supone 113 millones de euros. Las comunidades autónomas le dieron 16 millones de euros.
De todos los ingresos que registró ACCEM en 2002, sumando las subvenciones públicas, las donaciones privadas y la venta solidaria, superaron los 140 millones de euros. Esta ONG manejó un presupuesto que dobla al del Ayuntamiento de Ávila para 2023 (62 millones) y al de Zamora (68 millones).
La aportación verdaderamente privada no alcanza el 0,6% del presupuesto. Es decir, ACCEM, sus directivos y sus empleados viven de las subvenciones y, por tanto, están a las órdenes de los ministerios para seguir recibiendo dinero.
La actual presidenta, Julia Fernández Quintanilla, elegida en 2021 por la asamblea general, trabaja en ACCEM desde hacía casi 30 años, y su anterior puesto era el de directora general. El hasta entonces presidente, Pedro Puente Fernández, pasó a desempeñar una presidencia de honor. El sacerdote Puente es un experto del tercer sector, ya que impulsó la Fundación Secretariado Gitano, cuya presidencia de honor ocupa también.
En su web, ACCEM se presenta como «una ONG sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional». Y aporta como uno de sus méritos el siguiente: «Contribuimos a una sociedad diversa y cohesionada, desde una perspectiva intercultural». A una ONG que recibe docenas de millones de euros públicos para promover la diversidad y la interculturalidad lo que le interesa es que vengan cuantos más inmigrantes mejor. Si no vinieran, se acabaría su negocio.
