Uno de los contratos de armamento anulados por Pedro Sánchez ha generado una honda preocupación en el seno de las Fuerzas Armadas: el que afecta al suministro de inhibidores de frecuencia israelíes instalados en los blindados españoles que patrullan en misiones internacionales. Estos equipos, diseñados para impedir la activación remota de explosivos improvisados o de drones cargados con explosivos, eran considerados un elemento clave para proteger a los convoyes en destinos como Irak, Líbano o Somalia. Con el embargo decretado a las empresas israelíes, los repuestos y el mantenimiento de estos sistemas quedan ahora en el aire, según avanza The Objective.
El veto no afecta únicamente a este contrato. En total, el Ejecutivo ha rescindido alrededor de una veintena de adjudicaciones ligadas a tecnología militar de origen israelí, entre las que se incluyen suministros de morteros, componentes electrónicos y munición. Entre las compañías perjudicadas aparecen nombres como Elbit Systems, Rafael o Netline Communications, cuya tecnología estaba plenamente integrada en el material en uso por los ejércitos españoles.
En el caso concreto de Netline, la decisión es especialmente delicada. El Ministerio de Defensa había confiado en 2024 en esta firma —y en su socio español Aicox— tras un proceso negociado sin publicidad en el que se subrayaba que era «la única empresa técnicamente capacitada» para garantizar la protección de los convoyes frente a amenazas por radiofrecuencia. El sistema elegido, el C-Guard RJ, ya se encuentra instalado en centenares de blindados de transporte, fácilmente identificables por las antenas que portan en el techo junto a los sistemas de comunicación.
La propia ficha técnica de Netline destacaba que estos inhibidores ofrecían cobertura en un amplio espectro de frecuencias, de 20 MHz a 8 GHz, con capacidad tanto reactiva como activa según la misión, asegurando la neutralización de amenazas antes de que pudieran detonar. Su fiabilidad, añadía Defensa, estaba acreditada por años de empleo en operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel.
El problema es que, sin acceso a los repuestos y componentes, el futuro de estos equipos es incierto. Fuentes castrenses advierten de que se trata de material sometido a un fuerte desgaste debido al calor extremo, los caminos en mal estado y el uso intensivo en operaciones, lo que exige reposiciones periódicas. «Romper con Israel es romper la cadena de suministros», señalan, al tiempo que admiten que se intentará buscar alternativas en otros países, aunque reconocen que el sistema fue concebido para funcionar con sus propios recambios.
La controversia surge además en una fecha simbólica. El 24 de septiembre, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba el real decreto de «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina», se cumplían 18 años de la muerte del soldado Ángelo Mera en Afganistán, víctima de una mina activada a distancia. Aquel atentado, junto al que costó la vida meses antes a seis militares en Líbano con el mismo método, abrió un intenso debate sobre si España enviaba a sus tropas con la debida protección. De ese debate nacieron tanto la compra de blindados más resistentes como la apuesta por sistemas inhibidores.
No es la primera vez que el embargo afecta a contratos sensibles. El Ministerio del Interior ya canceló meses atrás la compra de 15 millones de cartuchos para la Guardia Civil porque la empresa fabricante era israelí. Aquellas balas, paradójicamente, habían sido las únicas que superaron las pruebas de laboratorio con las pistolas reglamentarias del cuerpo, también de origen israelí. La anulación obligó a implantar un plan de ahorro de munición para garantizar existencias mínimas.
