La Policía Nacional ha tramitado seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda en Ronda, en Málaga, por facilitar presuntamente el empadronamiento fraudulento de seis ciudadanos extranjeros. Según la investigación, los inmigrantes nunca llegaron a vivir en el domicilio, aunque figuraban inscritos en el padrón municipal como si residieran allí.
Los extranjeros se encontraban en situación ilegal en España cuando se realizaron los trámites. La Policía sostiene que el objetivo de la trama era utilizar esos empadronamientos para avanzar después en procedimientos de regularización de su situación en el país.
Seis marroquíes con el mismo domicilio
La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda. Las pesquisas comenzaron a raíz de una información remitida por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba.
Los agentes detectaron que varios súbditos de Marruecos presentaban el mismo domicilio de empadronamiento en sus trámites de documentación. La dirección se repetía en todos los casos y correspondía a una vivienda situada en Ronda. Ese patrón despertó las sospechas de los investigadores sobre un posible fraude de ley.
No vivían en la casa
La Policía Nacional analizó la documentación del padrón municipal y realizó comprobaciones discretas en el entorno del inmueble. Los agentes también mantuvieron contactos vecinales y practicaron otras diligencias para esclarecer los hechos. Tras esas gestiones, comprobaron que los extranjeros inscritos en el padrón no habrían convivido en la vivienda.
De hecho, según la investigación, nunca llegaron a residir en el domicilio utilizado para los empadronamientos. El inmueble habría funcionado así como una dirección ficticia para dar apariencia de residencia real a personas que se encontraban ilegalmente en España.
Un paso hacia la regularización
Las indagaciones apuntan a que esos empadronamientos fraudulentos podrían ser aportados posteriormente junto a otros requisitos en solicitudes de autorización de residencia. El padrón municipal se convierte así en una pieza clave dentro de determinados procesos administrativos.
Por eso, la inscripción ficticia en una vivienda no es una simple irregularidad menor. Puede servir como soporte documental para acreditar arraigo, residencia o permanencia en España en procedimientos vinculados a Extranjería. La Policía considera que el arrendatario habría autorizado o consentido esos empadronamientos sin que el domicilio fuese la residencia real de los extranjeros inscritos.
Multas de hasta 10.000 euros por cada inscrito
La Ley de Extranjería contempla como infracción grave autorizar o consentir el empadronamiento de una persona en un domicilio cuando ese no sea su lugar real de residencia.
Esta práctica puede constituir un empadronamiento en fraude de ley. La sanción económica puede oscilar entre 501 y 10.000 euros por cada persona indebidamente inscrita, siempre que los hechos no constituyan infracción penal.
En este caso, la investigación se ha tramitado por la vía administrativa. La Policía ha instruido seis expedientes sancionadores de multa contra el inquilino del inmueble.
