Tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijoo, el mecanismo del Estado se ha puesto a funcionar del nuevo. El Rey Felipe se reunió el pasado viernes con Francina Armengol, apenas una hora después de la fallida votación en el Congreso de los Diputados. Todo parece apuntar a que el Rey propondrá esta vez a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, y algunas instituciones temen que los sonados pactos con separatistas se hagan realidad.
Una de estas instituciones es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varios vocales aseguran que, tras la investidura de Pedro Sánchez y —como consecuencia natural de sus pactos con separatistas— la concesión de la amnistía, el Gobierno socialista llevará a cabo una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ésta ha sido una de las reivindicaciones de Sánchez, buscando forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces para conseguir así una mayoría progresista durante los próximos cinco años. Este método contradice en todo momento las recomendaciones de Bruselas para despolitizar la Justicia, según alertan fuentes del CGPJ al diario digital The Objective.
Han sido ya casi cinco años de bloqueo por la falta de entendimiento entre los partidos con representación parlamentaria. Más concretamente, por culpa del desencuentro entre PSOE y PP, tan prestos para renovar el órgano judicial en otras ocasiones. Las mismas fuentes han señalado que desde el ministerio de Justicia ya se ha tanteado la predisposición de algunos miembros del CGPJ para acoger esta reforma impulsada por los socialistas.
El plan del Gobierno de izquierdas —en caso de consumar la investidura y con ella la amnistía— sería parecido al que ya intentó en octubre de 2020. Entonces la coalición de izquierdas abogó por rebajar las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para elegir a los 20 vocales del CGPJ: de los tres quintos necesarios en la actualidad —que supone el apoyo explícito de 210 diputados y 159 senadores—, se pasaría a un modelo legislativo de mayoría simple —para lo que sólo harían falta 176 diputados y 105 senadores—. Esto habilitaría al Gobierno de coalición y a todos sus socios separatistas a elegir directamente los 10 vocales que le corresponde designar al Congreso de los Diputados.
Las mismas fuentes del CGPJ preguntadas por este asunto, aseguran con temor que «con el Gobierno de Sánchez se han roto todas las reglas del juego, y ya no nos extrañaría que cambiase la ley de manera que los doce vocales jueces sean nombrados todos por el Congreso, dejando al Senado solo la designación de los cuatro juristas que le corresponde nombrar. Eso propiciaría una mayoría progresista de 16 a cuatro en el CGPJ», ha zanjado con preocupación uno de los vocales.
